Reincidencia y alevosía

El Gobierno ha decidido incluir en los Presupuestos para el año 2001 una subida salarial de tan sólo un 2% para los funcionarios públicos. Todos los expertos coinciden en suponer que la inflación de los años 2000 y 2001 va a estar situada más o menos en torno al 4%. La cifra exacta podrá discutirse, pero, en el mejor de los casos, un 2% de incremento salarial supone una pérdida de poder adquisitivo de un 1,5 o un 2%, tanto si se mira hacia el año transcurrido como hacia el siguiente.El Gobierno podía haber tomado también otra decisión: subir el salario de sus funcionarios un 4%, manteniendo así el poder adquisitivo, e implantar inmediatamente un impuesto especial del 2% sobre el salario. Un impuesto que no tiene carácter extraordinario, sino estable, porque la carga impositiva se mantiene de por vida. Matices y decimales aparte, esta decisión resultaría equivalente a la efectivamente tomada. Un incremento del sueldo de los funcionarios por debajo de la inflación equivale a un impuesto por la diferencia. Y si la práctica se repite año tras año, el tipo impositivo va creciendo de forma acumulativa. Hay razones que justifican esa medida. Los criterios de disciplina presupuestaria vigentes en la Unión Europea, la estabilidad económica y la bonanza general permiten considerar deseable el equilibrio presupuestario. Desde tal perspectiva, parece obligada alguna restricción en los gastos públicos, dado que el aumento de la presión fiscal que viene observándose a lo largo de los últimos cuatro años no parece suficiente para conseguir ese objetivo. Más discutible es convertir el déficit cero en meta sagrada. Pero no entraré en esa polémica.

También es necesario controlar la inflación, que está creciendo de forma preocupante. La separación de nuestras tasas respecto a las medias europeas nos sitúa en una situación delicada en términos de competitividad, proceso especialmente grave en un entorno de moneda única y con un crecimiento que se ralentiza porque podría repercutir en un deterioro del empleo. Para reducir las presiones inflacionistas, una receta cómoda es contener los salarios. Es discutible que sea el principal instrumento elegido y que los afectados no guarden relación con la venta de bienes y servicios en el mercado. Pero no entraré en esa polémica.

Por último, es evidente que un Gobierno tiene el derecho y el deber de pedir sacrificios en épocas duras a toda la ciudadanía y, de forma especial, a los colectivos que se encuentran en situaciones de privilegio en términos relativos. En la medida en que los funcionarios tienen una estabilidad en el empleo que implica una ventaja notoria respecto a una parte creciente de los demás asalariados, resulta justo que ellos soporten este impuesto especial diferenciado. Me van a permitir que sí entre en esta polémica.

Se ha venido admitiendo este razonamiento durante toda la década. Y ése es precisamente el principal problema. No estamos hablando de una medida transitoria (como hemos visto) ni excepcional, porque la práctica habitual de los Presupuestos de los noventa ha sido el crecimiento de los sueldos de los funcionarios por debajo de las tasas de inflación e incluso la congelación total. Es decir, no sólo se viene soportando un impuesto especial que ninguna otra renta soporta, sino que año tras año el tipo impositivo se va incrementando un poco más. No hablamos de un impuesto excepcional de un 2%, sino de una elevación que el Gobierno pretende llevar hasta porcentajes próximos al 20%. Lo grave no es la congelación salarial, sino la reincidencia.

Si a ello añadimos que:

1. De acuerdo con la doctrina oficial, "España va bien", los beneficios repiten cifras récord, los directivos son premiados con opciones millonarias, por lo que difícilmente puede creerse que estemos ante una época dura que exija sacrificios...

2. La política general de amortización de puestos implica más trabajo y reducción de las posibilidades de promoción...

3. A lo largo de la década, un buen número de cuerpos concretos han quedado exentos de este impuesto, con subidas salariales superiores a la carga acumulada del mismo...

4. La imagen del funcionario, tradicionalmente criticada, puede deteriorarse aún más si la reducción relativa de incentivos lleva a una autoselección a la baja de los nuevos ingresos en la Administración pública...

... Los funcionarios tienen razones para sentir que la medida es una gota que colma un vaso que se ha ido llenando con reiteración. Y que ahora se rellena con alevosía porque se disfraza de equivalencia con una previsión inflacionista que el mismo Gobierno sabe que es absolutamente falsa.

Todos sabemos que el proceso inflacionista es una lucha de rentas. Y que en toda lucha pierden los débiles. Probablemente, el silencio mantenido durante una década ante este impuesto especial hace pensar que el colectivo es débil y, por ello, lo más cómodo es elevar de nuevo el tributo que soportan.

Juan A. Gimeno es catedrático de Economía Aplicada de la UNED.