Los presos de Franco saldan sus cuentas

Agravios

El pasado miércoles el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, formalizó su solicitud para acogerse a las indemnizaciones que concederá su propio Gobierno a los ex presos del franquismo. Era sólo una petición más entre las 10.000 que ya habían sido presentadas. Sin embargo, ha servido para reabrir la memoria y el debate sobre las compensaciones de los presos de la dictadura."Aquella cárcel fue malísima. Mataban todos los sábados. Desde las galerías del monasterio oíamos los fusilamientos. Justo al otro lado de lo que supuestamente eran muros sagrados". Habla Angustias Martínez, portavoz de la Asociación de Ex Presos Políticos. A sus 78 años conserva intacta la memoria de esos días, que sumaron siete años, en la cárcel-monasterio de Uclés (Cuenca) y sigue batallando para que todos aquellos que estuvieron entre rejas por defender las libertades reciban una compensación "que llega con cuentagotas".

Ella tuvo suerte. Fue una de las 57.000 personas que cobraron las indemnizaciones presupuestadas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 1990 y 1992, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía de 1977. Pero otras 45.000 peticiones fueron desestimadas por no cumplir los requisitos: tener más de 65 años y haber pasado más de tres años en prisión.

Jaime Suárez, un minero asturiano del Alto Nalón, cuenta que cumplió los 20 años de edad en la cárcel de Oviedo, donde batió el récord de los incomunicados. "Llegué a estar cinco meses sin hablar con nadie en una celda de dos metros por tres. Hacía gimnasia hasta caer extenuado", dice. Fueron dos años de infierno. Insuficientes para percibir una compensación.

Este agravio entre unos presos y otros, provocado por los requisitos establecidos en su día por el Gobierno central, ha sido lo que ha llevado a los Gobiernos de diferentes comunidades autónomas españolas a tomar la iniciativa.Navarra fue la comunidad pionera y en marzo de 1995 el Ejecutivo foral reconocía el derecho a ser indemnizado a todos los presos políticos de la dictadura. En total, se dieron 139 compensaciones con un presupuesto de algo más de 79 millones de pesetas.

Y empezó el efecto dominó. A Navarra le siguió Madrid que, en 1999 y con un presupuesto de 100 millones, concedió ayudas a todos los presos políticos madrileños encarcelados durante tres años, tuvieran o no 65 años. Fueron 71 los beneficiados con una cuantía máxima de un millón y medio de pesetas. Nicolás Sartorius, ex dirigente del PCE, el dirigente sindical Julián Ariza y Víctor Díaz-Cardiel, secretario de organización del PCE, fueron algunos de ellos. "Esperé nueve años y cobré más de un millón por ocho años de prisión. Lo gasté invitando a amigos", cuenta riendo Díaz-Cardiel.

A la vista de que seguían quedando personas excluidas del proceso, la Comunidad de Madrid aprobó en marzo pasado otro decreto con un único requisito: haber sufrido un año de prisión. De momento, hay 2.000 peticiones en la mesa, 50 millones de presupuesto y una lucha feroz entre el Grupo Popular y la oposición para ver si se amplía o no la partida.

Mientras en Madrid hacen números, en Asturias han aprobado un presupuesto de 100 millones y ya se ha indemnizado a 484 ex presos de las más de 1.100 solicitudes recibidas. Allí tres meses de prisión equivalen a 150.000 pesetas y el máximo acumulable es un millón.

Cataluña ha sido la última comunidad en promover estas ayudas dirigidas a los presos del franquismo que ahora tengan más de 65 años. Otras comunidades como Aragón, Andalucía y Euskadi lo han planteado varias veces pero nunca ha salido adelante. "Eso demuestra", dice Díaz-Cardiel, "que la memoria histórica de un país nunca será la misma que la de los protagonistas de esa historia".