Educación ha designado "a dedo" al 53% de los 115 inspectores en los últimos cinco años

Después de cinco años sin convocar oposiciones, el resultado es que el 53% de los 115 inspectores educativos de la Comunidad Valenciana han sido habilitados en comisión de servicios. Así, la organización de la función inspectora, que por definición es "un servicio básico de supervisión y evaluación del sistema educativo al servicio de los ciudadanos", ha sido instrumentalizada al servicio de la Administración del PP, según se desprende del análisis detallado de los nombres de los 60 inspectores designados "a dedo" vinculados a familiares o compañeros de viaje de los populares. Un listado que la Consejería de Educación se ha negado sistemáticamente a publicar y a presentar a los sindicatos.

La orden por la que se regula el concurso-oposición para acceder a 55 plazas de la inspección educativa, presentada hace dos semanas por la Consejería de Educación, tras cinco años de dilaciones en la elaboración del decreto autonómico que debería de regular y adecuar la función inspectora a la reforma educativa LOGSE, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los sindicatos han anunciado la semana pasada que recurrirán una convocatoria que consideran que "sólo busca consolidar a los 58 inspectores afines al PP, designados a dedo en los últimos cinco años".De hecho, de los 115 inspectores educativos en la Comunidad Valenciana, 60 han sido nombrados por designación y en comisión de servicio. En su mayoría, están vinculados a familiares, amigos o compañeros de viaje del PP, como es el caso de Camilo Miró, el hermano de la primera consejera de Educación del PP y hoy presidenta de las Cortes, Marcela Miró, según se desprende del listado proporcionado por personal docente y confirmado por funcionarios de la consejería. Los nombres, sin embargo, no se han hecho públicos, ni se han presentado en la mesa sectorial, pese a la insistencia de CC OO, STEPV y UGT.

En el listado se aprecia, sin embargo, la fulgurante carrera de Camilo Miró, que de maestro pasó a aprobar las oposiciones de Secundaria y llegó a subdirector territorial de la consejería justo cuando su hermana era la responsable autonómica de Educación. También se da el caso de la inspectora María González Felip, sobrina del director general de Ordenación Educativa, Josep Vicent Felip, que ejerce como inspectora y asesora de la actual subsecretaria de la consejería, Ascensión Figueres.

La digitalización de la función inspectora se extiende a concejales y cabezas de lista de los carteles electorales del PP, como Santiago Íñiguez, concejal popular en el Ayuntamiento de Crevillent; José Miguel Payá, que fue cabeza de lista del PP en las elecciones municipales de Petrer; Luis Ramos, estrecho colaborador del PP de Alicante y del ex secretario de Educación, Carlos Alcalde; o Alejo Villanueva, ex concejal del PP en Chiva.

En general, la mayoría del aparato de inspección creado por el PP se nutre de ex dirigentes de las centrales sindicales más conservadoras o católicas, como Julio Gómez, Antonio Escalpés o Isidro Ramírez (ex dirigentes del CSIF); Pedro Grande, vinculado al Opus y relacionado con la prohibición de unas jornadas de educación pública, o Lorenzo Navarro, ex presidente de USO.

Esta situación está generando un creciente "malestar" entre los 55 inspectores funcionarios de carrera de dilatada trayectoria, que se han visto alejados de los puestos de responsabilidad (jefaturas de servicio, tribunales de oposición, coordinación de circunscripciones), ocupados ahora por los más afectos al PP. Esto está dando lugar a situaciones tan paradójicas como el que un inspector "accidental" sea el coordinador de área de varios funcionarios de carrera.