60.000 pesetas JOAN SUBIRATS

Hace unos días, la dirección del grupo parlamentario que reúne a socialistas y Ciutadans pel Canvi, decidió sancionar con 60.000 pesetas la indisciplina de dos diputados del mencionado grupo. La causa que motivó la sanción económica a Josep Maria Vallès y Antoni Siurana fue su no participación en tres votaciones sucesivas que se produjeron en el marco del debate y la posterior aprobación de la ley que regula la incineración en Cataluña. Los diputados sancionados manifestaron posteriormente que si bien estaban de acuerdo con el contenido de la ley (aprobada con los votos de CiU, el PP y el PSC-CpC, y la oposición de ERC e IC), estaban disconformes con que se hubiera aprovechado para regular la incineración una iniciativa legislativa popular, respaldada con más de cien mil firmas, que pedía precisamente la supresión definitiva de la incineración en Cataluña. Al margen de los motivos personales o estratégicos que indujeron a ambos diputados a obrar así, el tema merece un comentario más allá de la anécdota. No entraremos aquí a debatir el tema de los residuos y de la conveniencia o no de utilizar el recurso de la incineración en su gestión. Merecería ello otro artículo. Me interesa centrarme en la forma como el Parlament ha tratado la propuesta presentada por 107.000 catalanes y avalada por unas 70 entidades cívicas.Vayamos por partes. Para entender de qué estamos hablando conviene refrescar la memoria sobre lo que es una iniciativa legislativa popular. Se trata de las pocas rendijas que en el periodo constituyente y estatutario se dejaron abiertas para que los ciudadanos puedan presentar sus propuestas sin tener que pasar por el cedazo de un partido político. Como afirma un letrado del Parlament, Ismael Pitarch, en los comentarios del Estatut publicados por el Instituto de Estudios Autonómicos, "la iniciativa popular constituye uno de los mecanismos de democracia directa que tienden a posibilitar la participación del pueblo en el gobierno de la comunidad... Al tratarse de una institución que potencia el autogobierno y la autonomía cívica, y que, para muchos, debilita la democracia representativa, ha sido recibida con desconfianza por el legislador constituyente y estatutario, y más aún por el legislador ordinario". Quizá como fruto de esa desconfianza, se tardó 15 años en regular esa institución y, por tanto, en hacerla factible. Ahora, una vez recogidas la minucia de 65.000 firmas, se puede presentar una proposición de ley. Esa proposición, una vez presentada, es examinada por la Mesa del Parlament para decidir su admisión a trámite. Y entonces es sometida a la llamada toma en consideración. En ese trámite la Cámara, por mayoría, decide si se acepta como proposición de ley o no. En caso afirmativo, inicia su iter parlamentario, con presentación de enmiendas, paso por comisión y votación definitiva en el pleno (sin que, atención, los promotores puedan defenderla ni ser escuchados en ningún momento). No es fácil llegar ahí. Sólo la iniciativa para crear las selecciones deportivas catalanas (que por coyuntura política gozó de mejor destino) y la que aquí mencionamos de supresión de la incineración han merecido ese honor.

En el caso que nos ocupa, los parlamentarios catalanes votaron afirmativamente la toma en consideración de una proposición de ley que tenía como objetivo diáfano la eliminación definitiva de la incineración como instrumento de gestión de los residuos. Si la intención de la mayoría era regular la incineración, como a la postre han hecho, podían haber rechazado esa propuesta de iniciativa popular desde el principio y proceder a presentar desde los respectivos grupos parlamentarios una propuesta en tal sentido. No lo hicieron. Votaron afirmativamente. Dijeron sí a la iniciativa legislativa popular en los términos en que se había presentado y después procedieron a su liquidación y tergiversación. Se permitieron, eso sí, advertir a los promotores de cuáles eran sus intenciones por si querían retirar su propuesta (lo cual, una vez tomada en consideración, no es posible hacer legalmente si la mayoría de la Cámara no lo permite). Los promotores no lo hicieron. Dejaron que sus señorías siguieran con su labor, imagino que para ver hasta dónde podían llegar los representantes del pueblo catalán con el texto presentado por 107.000 personas.Al final, ¿qué nos queda? Por un lado, decepción. Decepción ante las constantes diferencias que se dan entre la prédica y la práctica. Uno no acaba de entender que las constantes soflamas sobre profundización democrática, sobre mejora de los canales entre Parlamento y sociedad, sobre nuevas formas de participación popular en la política, acabe en ese desatino (véase al respecto el capítulo 'Ciutadans: espectadors o protagonistes?', del libro La democràcia dels ciutadans de Catalunya Segle XXI, Edicions 62). Decepción, ya que el caso actuará como factor de desincentivación para posteriores utilizaciones de ese complemento necesario de la democracia representativa. Decepción, ya que, personalmente, no entiendo por qué otros muchos parlamentarios socialistas o de Ciutadans pel Canvi que conozco bien y cuya conciencia me consta que algo les diría el miércoles 25 de octubre cuando apretaron la tecla de la votación, no se sumaron a la posición de Vallès o Siurana, o, mejor aún, no se sumaron a los votos de ERC e IC-V, que no quisieron participar en la aprobación de un texto que decía la contrario de lo que sus promotores querían.

Por otro lado, un deseo. ¿No podrían, al menos, establecer un procedimiento para la tramitación de tales iniciativas populares que no dejara en la indefensión a sus promotores? ¿No sería conveniente que los que representan a los firmantes no sólo pudieran defender sus puntos de vista en el momento de la toma en consideración (como ocurre en otras comunidades autónomas), sino asimismo retirar antes de la votación en el pleno su proposición si entienden que la van a desvirtuar totalmente? Nadie discute el derecho de los que legalmente representan al pueblo de Cataluña para ejercer su labor legislativa. Lo que se discute es la falta de ética y estética al hacer decir a una ley lo contrario de lo que querían sus promotores sin escucharles.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.