Dura sanción al abogado que preside la Asociación de Errores Médicos

Entre 50.000 y 200.000

El presidente de la Asociación vasca de Víctimas de Errores Médicos, Carlos Gómez Menchaca, ha sido sancionado por el Colegio de Abogados de Vizcaya con la pena máxima de dos años de suspensión en el ejercicio de sus funciones como abogado, al considerar que su forma de trabajar "ofende la dignidad de la profesión". La resolución, que ha sido recurrida por el letrado, y que sólo se haría efectiva en caso de ser ratificada por un tribunal de Justicia, es fruto de la denuncia de cinco clientes de su despacho de abogados.El colegio constata que "Gómez Menchaca transmite falsas expectativas a sus clientes" y juzga "inadmisible" que no efectúe nunca liquidación de honorarios profesionales por el trabajo realmente efectuado cuando el cliente decide poner fin a su relación, procediendo en su caso a la devolución de cantidades entregadas como provisión de fondos".

Algunos de los ex clientes que le han denunciado formaron hace un año el colectivo Afectados por Carlos Gómez Menchaca, al considerar que en algunos casos el letrado había dejado pasar los plazos establecidos en los procedimientos o "no se ha efectuado gestión o trámite alguno". Los denunciantes se consideraban víctimas de errores médicos y querían una representación legal frente a la Administración sanitaria para obtener una compensación económica. Osakidetza, destinataria de la mayoría de las denuncias de Gómez Menchaca sostiene que éste utiliza la asociación como sistema de atraer clientes a su bufete.

El letrado ha recurrido la sanción ante el Consejo Vasco de la Abogacía y además ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao una querella por prevaricación contra todos los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. Gómez Menchaca aduce que "los miembros de la Junta han resuelto en expediente disciplinario contra el letrado querellante con un total y palmario olvido de la legalidad vigente". El abogado critica que el expediente sancionador se haya prolongado durante más de un año, sin atenderse sus peticiones.

Uno de los firmantes de la denuncia, miembro del colectivo Afectados por Gómez-Menchaca, explicó ayer que, en la mayoría de los casos, el abogado pide entre 50.000 y 200.000 pesetas de provisión de fondos para empezar a trabajar. Algunos de los clientes, al "comprobar que no se había realizado ninguna gestión positiva" le pidieron la devolución de las cantidades entregadas, hecho que no se produjo.La resolución del Colegio de Abogados considera vulnerados no sólo algunos artículos del Estatuto General de la Abogacía, sino varias normas deontológicas de la abogacía española y de la UE, en lo que respecta a una defensa rápida y concienzuda, así como a la información debida al cliente.