El sindicalismo radical argentino convoca una huelga general contra el plan de emergencia de De la Rúa
"Los problemas de los argentinos los arreglamos entre todos o no los arregla nadie", señala el documento firmado por el presidente argentino, Fernando de la Rúa, y los gobernadores provinciales del opositor Partido Justicialista, quienes discutían ayer si respaldan el plan de urgencia del Gobierno, conocido como Operativo Confianza, para paliar la grave crisis económica. Quien ya lo ha rechazado es el líder sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, que ha convocado una huelga general de 36 horas para el próximo 23 de noviembre. Será la tercera huelga general que afronta el presidente De la Rúa, quien todavía no ha cumplido el primer año al frente del Ejecutivo. El pasado 5 de mayo, se produjo la primera protesta sindical contra la controvertida reforma laboral, y el 9 de junio, los sindicalistas volvieron a la carga contra el ajuste económico.
Con la nueva convocatoria, el secretario general del sector más radical de la CGT confía en atraer a otras organizaciones sindicales, aprovechando el malestar social en varias provincias, que en los últimos días ha estallado en la norteña Salta. Ayer, los piquetes se retiraron de la localidad de Tartagal, mientras que en General Mosconi las carreteras siguen cortadas. El Gobierno provincial se niega a negociar mientras no se despejen las rutas y se devuelvan las armas robadas en los incidentes del viernes pasado.
Al presidente De la Rúa se le acumulan los problemas, que reclaman soluciones inmediatas. Por una parte, el malestar social, que puede estallar en numerosos puntos del país, como se ha comprobado esta semana en Salta. Por otra, la cuestión del gasto público, que para el año en curso alcanza los 93.000 millones de dólares, ha llegado hasta tal punto que Argentina se halla al borde de una suspensión de pagos, según la percepción de inversores y prestamistas.
Ambos problemas no admiten más demora. El plan de choque que presentó el presidente el viernes tiene como eje principal la congelación por cinco años del gasto público de la nación y las provincias, sin considerar los intereses de la deuda.
Para que el proyecto tenga éxito necesita el apoyo de los gobernadores de la oposición. Junto a la derogación del régimen estatal de jubilación para los nuevos trabajadores y la elevación gradual de la edad de jubilación de la mujer hasta los 65 años, el Gobierno pretende con estas medidas evitar el caos. Sin el apoyo de los gobernadores, las medidas están condenadas al fracaso. El ministro de Economía, José Luis Machinea, ha dicho claramente que el crédito blindaje de 20.000 millones de dólares que está negociando con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, además de varios gobiernos, depende en buena medida de un acuerdo con los gobernadores. Lógicamente, los jefes provinciales, auténticos caudillos en Argentina, no están dispuestos a firmar un cheque en blanco.
