El fiscal pide reabrir el 'caso Publio Cordón' para inculpar a la cúpula de los GRAPO

El fiscal de la Audiencia Nacional Javier Balaguer ha solicitado a la Audiencia Nacional la reapertura de la investigación para determinar el paradero del empresario zaragozano secuestrado por los Grapo Publio Cordón, a raíz de la detención el pasado jueves en Francia del terrorista Fernando Silva Sande, informaron fuentes jurídicas. Mientras la fiscalía iniciaba ayer los trámites para instar la extradición de Silva y María Victoria Gómez Méndez, los siete detenidos el jueves en París fueron procesados y encarcelados ayer por el juez francés Jean-Louis Bruguiere.

Orden de asesinato

La Audiencia Nacional archivó el caso del secuestro del empresario Publio Cordón el pasado mes de julio hasta que el miembro de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) Fernando Silva Sande, procesado por el secuestro, fuera encontrado. El empresario, ex presidente de la mutua Previasa y del grupo Quirón, fue secuestrado en Zaragoza el 27 de junio de 1995 mientras hacía footing en los alrededores de su domicilio. La familia pagó en París 400 millones de pesetas de rescate, pero Cordón no apareció. La Audiencia Nacional condenó en noviembre de 1998 a los grapos Enrique Cuadra Echeandía y Concepción González a 27 años de cárcel y a José Ortín a 32, pero el empresario permanece desaparecido.Además de la reapertura del sumario, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer al juez que "a la mayor celeridad" inste del Gobierno los trámites para solicitar a Francia la extradición de Fernando Silva Sande, que está acusado de haber cometido cuatro asesinatos y haber ordenado otros dos.

El ministerio fiscal también ha solicitado la extradición de María Victoria Gómez Méndez, detenida en París junto a Silva y otros cinco presuntos miembros del comando central de los GRAPO, entre ellos el máximo dirigente de la banda, Manuel Pérez, camarada Arenas, para que sea juzgada por los delitos de pertenencia a banda terrorista y falsificación de documentos oficiales.

La primera de las causas por las que se reclama a Silva es el atentado cometido por los GRAPO el 10 de marzo de 1989 contra la Delegación del Banco de España en Santiago de Compostela, donde varios grapos asesinaron a dos guardias civiles. La participación de Silva Sande en los asesinatos fue reconocida por el activista Guillermo Vázquez Bautista, quien también admitió que ambos habían asesinado a otros dos guardias civiles en el asalto a la Delegación de Hacienda en Gijón (Asturias) el 28 de diciembre de 1989, atentado por el que también se pide su extradición.

El tercero de los procesos se refiere al asesinato, el 26 de marzo de 1990 en Zaragoza, del médico José Ramón Muñoz Fernández, a quien los GRAPO reputaban responsable de la alimentación forzosa que recibieron ese año los presos en situación de huelga de hambre.

Silva, según el fiscal, ordenó el asesinato en una nota manuscrita y proporcionó a Guillermo Vázquez Bautista los datos precisos para llevar a cabo la acción criminal: el domicilio del médico, horarios, costumbres...Fernando Silva también está reclamado por haber ordenado a Vázquez Bautista el asesinato del coronel del Ejército Manuel López Muñoz, que fue cometido en Valladolid el 15 de junio de 1990.

Respecto de María Victoria Gómez, la fiscalía asegura que "estaba encuadrada en una célula terrorista en unión de otras personas también procesadas, tales como Enrique Cuadra y Concepción González (ambos presos y condenados por el secuestro de Publio Cordón), que tenía su ámbito de actuación en Barcelona y Valencia".

El fiscal también ha librado una comisión rogatoria para acceder a la documentación incautada el pasado día 9, y tiene previsto cursar una segunda comisión para que la juez Teresa Palacios, que instruye las causas por el secuestro de Publio Cordón y el asalto a un furgón blindado en Vigo en mayo de este año, pueda interrogar a los detenidos.

Ayer, tras comparecer ante el juez antiterrorista Jean-Louis Bruguiere, los siete fueron procesados y encarcelados. El magistrado les imputó a todos el delito de asociación de malhechores con fines terroristas y tenencia de documentos falsos. Además de los ya citados, entre los procesadso figuran José Luis Felipe López y José Antonio Peña Quesada, Rosario Llobregat Moreno, e Isabel Llaquet Baldellou, compañera del camarada Arenas.