La Diputación construyó la Variante Este de Bilbao sin realizar ninguna tramitación urbanística

La Diputación vizcaína construyó la Variante Este, una de las nuevas autovías de acceso a Bilbao, sin ningún tipo de tramitación urbanística y realizó un "cambiazo" de planos para justificar su legalidad, según la última demanda judicial planteada ante los tribunales. La Asociación de Familias de Otxarkoaga, que lleva más de un lustro de lucha contra este vial, presentó ayer documentación del Ayuntamiento de Bilbao en la que no consta dicha tramitación. Esta variante, abierta desde julio, ya sufrió la anulación por los tribunales del proyecto y las expropiaciones realizadas.

De vía urbana a vía rápida

La asociación vecinal de Otxarkoaga pide al Tribunal Superior de Justicia que abra una investigación por la posible existencia de una actuación de carácter penal. "Hubo un plan llevado a cabo conscientemente por personas del entorno de la Administración foral para lograr introducir en el planeamiento urbanístico [de Bilbao] una Variante Este totalmente distinta a la autorizada" por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, afirmó ayer su abogado.La demanda, que insiste varias veces en una actuación "guiada por la mala fe", detalla el proceso seguido para la aprobación de este vial, que costó 3.000 millones. Incide en diferenciar los dos tramos de la Variante Este -el abierto este año,conocido como la Herradura-Ibarsusi, y el del puente de Miraflores, que desde 1995 conecta la A-8 con el barrio de Santutxu- "porque el expediente de este tramo, que sí ha cumplido la legalidad urbanística, se ha utilizado para encubrir que la Herradura-Ibarsusi no tiene tramitación urbanística", añadió el letrado de los vecinos.

La denuncia judicial relata que el PGOU de Bilbao contemplaba desde 1989 la construcción de un pequeño vial en el trazado de la autovía abierta este año. La situación cambia a partir de 1994 cuando, en una reunión de la oficina municipal del Plan General, se informa de un cambio, lo que es censurado por el entonces edil de HB Kepa Ibaibarriaga. Éste "expone que no se están respetando los acuerdos inicialmente previstos y solicita se redacte un informe por la Oficina del Plan General", según consta en el acta. Este informe, fechado el 14 de abril de 1994, es la clave del caso, según la demanda judicial, puesto que sólo se refiere a la redacción y tramitación del tramo de Miraflores. Pero habla de que la Variante Este fue elaborada "como un expediente propio de la Diputación foral" y "sin que el Ayuntamiento haya tenido opción de conocer las alteraciones y modificaciones", continúa el acta. Tras indicar que la tramitación de la declaración de impacto ambiental es conocida por la oficina municipal, dice que, "realizado este trámite, no consta ningún otro tipo de relación entre el resto de Administraciones actuantes y el propio Ayuntamiento".

La denuncia, que relata la resistencia inicial del Ayuntamiento a incluir la autovía en el plan, señala que este acta supone que "el informante reconoce de forma indirecta que el Departamento de Obras Públicas [de la Diputación] hizo a su antojo un proyecto de construcción de Variante Este de Bilbao no dando participación a organismo ni persona ajena alguna". Junto a ello, recuerda al Tribunal Superior que el plan general contemplaba para la zona un "sistema viario de borde perimetral", una denominación que utilizada por el propio Ayuntamiento en 1998 para responder a la Sala de lo Contencioso, en la demanda que terminó en 1999 con la anulación del proyecto constructivo.La asociación de Otxarkoaga dice que los planos de este vial figuraban hasta 1994, "cuando desaparecen y aparecen los de la autovía, que están fechados en junio de 1994". El plan general de Bilbao se aprobaría a finales de año. Según la denuncia, es durante una corrección de errores del plan pedida por la Diputación cuando se produce el "cambiazo de planos". En sus conclusiones, censuran que técnicos municipales "conocieron la imposición" de la Diputación, "y sin embargo no la denunciaron".

Los vecinos añadieron otras dos anomalías: que en 1997 solicitaron toda la tramitación urbanística al Ayuntamiento y que sólo tras un requerimiento del juez tuvieron respuesta en 1998. Decía que no "ha sido resuelta al parecer por extravío del expediente". Además, en la documentación pedida por el Tribunal Superior faltaban los planos urbanísticos. "Queremos saber quién ha cambiado los planos y por qué", señalaron, y añadieron que ven "base suficiente para la apertura de una comisión de investigación en el Ayuntamiento y en las Juntas".

La Diputación, a través de un portavoz oficial, señaló que iba a a realizar ningún comentario. "Que sean los jueces los que decidan".