Ediles del GIL de Estepona cobraron 200 millones por reuniones inexistentes

Concejales y cargos de confianza del grupo GIL percibieron entre los años 1995 y 1999 unos 200 millones de pesetas por su asistencia a la "comisión de coordinación" de las sociedades municipales creadas por el entonces alcalde, Jesús Gil Marín, pese a que según un informe de la intervención municipal hecho público ayer esta no llegó a funcionar nunca. El gobierno cuatripartito de Estepona, formado por PSOE, PP, IU y PA, podría depurar responsabilidades y exigir el reintegro a la Hacienda Municipal de las "cantidades indebidamente percibidas".El concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, presentó ayer el informe de intervención de la Cuenta General del ejercicio del año 1998, que a su juicio "refleja el entramado de empresas que Gil Marín construyó para ocultar sus tejemanejes". En el documento, de 26 páginas se denuncian "gravísimas irregularidades" en la gestión de las doce sociedades públicas -Estepona XXI-, que el hijo de Gil y Gil puso en marcha durante su mandato, y que han sido disueltas por el actual equipo de gobierno.

Entre las deficiencias detectadas por los interventores está el "incumplimiento sistemático" de la legislación mercantil, tributaria y de Seguridad Social; la "falta de control financiero" de las citadas empresas, que no llegaron a remitir siquiera al Ayuntamiento sus previsiones de gastos e ingresos ni sus programas de inversión y actuación. Además las sociedades habrían "contabilizado un beneficio inexistente en sus cuentas de resultados, falseando su situación patrimonial, para evitar su disolución". La comisión de gobierno adoptó entre 1998 y 1999 una serie de acuerdos, según el informe, "con la pretensión de obligar a este a asumir deudas generadas por una de las sociedades, ignorando la imposibilidad del consistorio de obligarse al margen del presupuesto". La intervención recomienda su revisión de oficio.

Pero los interventores municipales no han sido los únicos que han detectado anomalías durante la gestión de Jesús Gil Marín al frente de la Corporación de Estepona. Un informe provisional de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la fiscalización de los aprovechamientos urbanísticos de Estepona entre los años 1997 y 1998, señala que las sociedades municipales "asumieron obligaciones y deudas no suficientemente justificadas" por importe de 21 millones de pesetas. El organismo andaluz apunta que la confusión entre las diferentes empresas provocó además que las deudas las saldasen empresas distintas a las que las habían contraído, y que se realizaron ampliaciones de capital mediante la aportación de terrenos por parte del Ayuntamiento, lo que constituye una infracción del destino legal al que están afectados los bienes del patrimonio municipal de suelo.