Bajo la lupa sanitaria y fiscal

La demanda presentada contra Philip Morris y Reynolds se suma a la serie de iniciativas legales que se han emprendido en los últimos años contra las grandes tabacaleras. Hasta el momento, las denuncias presentadas por motivos de salud han costado ya millones de dólares. En unos casos, las demandas fueron presentadas por personas afectadas por el consumo. En otros, por Estados que han logrado sufragar parte de los elevados costes sanitarios derivados de la atención a enfermos consumidores de tabaco. Ahora, se abre el frente fiscal europeo.La Comisión Europea, que ha visto cómo los jueces europeos anulaban su directiva prohibiendo la publicidad del tabaco, no se verá sola al defender la tesis de que las tabacaleras favorecen el contrabando y, por tanto, originan fuertes pérdidas a las arcas públicas. Italia anunció ayer que se sumará a la iniciativa y que presentará su propia denuncia en términos muy similares.

Para las tabacaleras estadounidenses, el frente fiscal no les resulta totalmente nuevo. El año pasado, ya habían presentado demandas similares Canadá, Colombia y Ecuador, que se consideraron perjudicados por la evasión de impuestos originada por las operaciones de contrabando. En el caso de Canadá, el fraude llegó a ser de tal calibre que sólo seis de cada diez cajetillas de rubio eran vendidas por cauces legales.

Pero no sólo hay demandas fiscales desde el exterior. El año pasado, un tribunal de Carolina del Norte inició una investigación para determinar si las tabacaleras estaban implicadas en una amplia red de contrabando que distribuía los productos en diferentes Estados, dado que la carga fiscal sobre el tabaco difiere entre Estados.