El Plan Gerontológico Estatal ha fracasado en su objetivo de aumentar los servicios sociales

El envejecimiento avanza más deprisa que algunas medidas destinadas a facilitar la vida de los mayores. Cada mes, 36.000 españoles cumplen 65 años, y los ciudadanos que sobrepasan esa edad superan ya el 16% de la población. Sin embargo, los servicios sociales que preveía el Plan Gerontológico Estatal para el año 2000 están lejos de alcanzarse en aspectos como las plazas en residencias (la media nacional es de 3 por cada 100 mayores, pese a que el objetivo era de 3,5) o la ayuda a domicilio. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología calcula que hacen falta 90.000 plazas residenciales más.

El Plan Gerontológico Estatal 1992-2000, puesto en marcha por el Gobierno del PSOE como la primera iniciativa general para afrontar las consecuencias del envejecimiento, establecía cinco áreas de actuación para favorecer la vida de las personas de más edad: pensiones, salud y asistencia sanitaria, cultura y ocio, participación y servicios sociales. En este último aspecto se registran notables incumplimientos, según los datos que aporta la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, entidad integrada por médicos y otros profesionales relacionados con el mundo de los mayores. Este periódico intentó, sin éxito, conocer el balance del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el resultado del plan, que depende de los Gobiernos regionales en aspectos como los servicios sociales.Uno de los objetivos del plan era "garantizar una plaza residencial a toda persona mayor en estado o situación de necesidad". Aunque no hay datos oficiales sobre el total de ciudadanos que aguardan un lugar en los alojamientos públicos, la Sociedad de Geriatría estima que pueden superar los 50.000.

- Escasez de plazas. Entre sus metas, el plan preveía llegar al año 2000 con 3,5 plazas en residencias por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años y una en apartamentos tutelados (viviendas para mayores con facultades plenas que cuentan con servicios comunes y asistencia especializada). Sin embargo, no se ha alcanzado ninguna de las dos metas a nivel estatal, pese a que se han superado en comunidades como La Rioja, Castilla y León y Navarra. Los 6.503.768 ciudadanos que están en ese tramo de edad (cifra más reciente del Instituto Nacional de Estadística, referida a 1998) cuentan con 198.358 plazas residenciales (52.113 públicas y 146.245 privadas, de las que 26.028 son concertadas con las administraciones públicas), según los datos del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Trabajo. Por tanto, hay 3 plazas por cada 100 mayores. La media en los países de la Unión Europea supera las cinco por cada centenar de mayores.

"En cuanto a las viviendas tuteladas, su número es prácticamente testimonial", asegura el secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Gonzalo Bravo. Esta entidad, que ha publicado este año un amplio análisis de las necesidades y recursos en la atención a mayores bajo el título Geriatría XXI, calcula que hacen falta unas 90.000 plazas más en residencias o pisos tutelados. Así se alcanzaría el nivel que considera recomendable: 4,5 lugares por cada 100 mayores. En su informe, destaca que, pese a la creación de más de 80.000 plazas desde 1988, "apenas se han modificado los índices de cobertura por cada 100 mayores". En la dotación actual predominan las plazas para personas que pueden valerse por sí mismas. Sin embargo, son aún más necesarias las dedicadas a mayores asistidos.

- Poca ayuda a domicilio. El Plan Gerontológico Estatal también alentaba otras medidas que favorecieran la permanencia de los mayores en sus hogares, como la ayuda domiciliaria. Marcaba como objetivo que, en 2000, en torno al 8% de los mayores de 65 años contara con este tipo de apoyo. Según la Sociedad de Geriatría, la ayuda a domicilio "no llega a más de 100.000 personas, lo que significa una ratio de cobertura por debajo del 1º,4% ".

La entidad considera necesario llegar al 5%, con un servicio de siete horas semanales (ahora el tiempo medio no llega a cinco). "La ayuda a domicilio es un auténtico fracaso, pese a ser básica para que los mayores puedan seguir en sus hogares. Si no creciera adecuadamente, habría que aumentar las plazas residenciales", dice Bravo. Según la Sociedad de Geriatría, Cataluña destaca por el número de beneficiarios de la asistencia domiciliaria, "seguida a gran distancia por Andalucía y Madrid". Este servicio es cofinanciado por los ayuntamientos, el Imserso y las comunidades autónomas, y algunos usuarios también contribuyen. La cobertura media en la UE ronda el 12%.

- Teleasistencia reducida. El Plan Gerontológico preveía que el 12% de los mayores que viven solos (en torno a un millón) pudieran disponer de dispositivos para avisar en caso de padecer alguna dificultad. Según la Sociedad de Geriatría, ese servicio sólo llega a 50.000 personas, en lugar de las 125.000 previstas para 2000. La edad media de los beneficiarios es de 79 años.

Dependencia y longevidad creciente

"Las residencias ya se consideran como el último recurso. Se intenta que las personas permanezcan en su hogar el mayor tiempo posible", explica Herminia Lozano, secretaria general del Consejo Estatal de Personas Mayores, un organismo consultivo para las cuestiones que se refieren a los ciudadanos de más de 65 años. A su juicio, "pese a los avances registrados en los últimos años", hay carencias notables en servicios como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, que pretenden evitar el ingreso residencial. Además, los cuidados informales en el hogar, casi siempre a cargo de las mujeres, están en declive debido a la incorporación femenina al mercado laboral.

"Lo que más nos preocupa a los mayores es la dependencia", prosigue Lozano. Según el Ministerio de Trabajo, ya hay más de 700.000 mayores con un alto grado de dependencia. Por ello, precisan ayuda cotidiana.

El envejecimiento avanza con rapidez. La previsión oficial apunta que, en 2025, el 21,7% de la población tendrá más de 65 años y los mayores de 80 años pasarán del 3,6% actual al 5,8%. La esperanza de vida de los españoles es de las más altas del mundo, y su natalidad, de las más bajas.

"Envejecer ya no es igual en todas partes"

"Envejecer ya no es igual en todos los sitios de España", lamenta el secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Gonzalo Bravo. Explica que el nivel de servicios dedicados a los mayores varía mucho en función de las comunidades autónomas, responsables de este tipo de asistencia, en la que también suelen intervenir los ayuntamientos y algunas organizaciones no gubernamentales.

"La comunidad mejor dotada es Cataluña, a bastante distancia de las demás, y no sólo porque destaque en un servicio tan importante como la ayuda a domicilio. Por ejemplo, aglutina casi el 50% de las camas geriátricas, mientras que en zonas como Extremadura o Castilla-La Mancha no existe ninguna", afirma Bravo.

Según la estadística que facilita el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), referida a la población de 1996 y al total de plazas residenciales de 1999, seis comunidades autónomas y la ciudad de Ceuta se encuentran por debajo de la media nacional, que sitúa en 3,2 plazas por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años. Se trata de Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia. La Rioja disfruta de la oferta más amplia (véase cuadro).

Si se tienen en cuenta sólo las plazas públicas, las regiones peor dotadas son Baleares, Galicia, Cantabria, Aragón y Comunidad Valenciana. Castilla y León, País Vasco y Cataluña ocupan los mejores puestos.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología denuncia que el sistema de acceso a los servicios sociales padece "excesiva burocratización". Añade que existen "importantes discrepancias entre las comunidades autónomas" sobre los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, y pide que se homologuen.

La desventaja de pertenecer a la clase media

CH. N. Madrid

Los ciudadanos de la clase media son los grandes perjudicados: carecen de recursos para pagar una residencia privada y les sobran para ser admitidos en centros públicos. Según la Federación Nacional de Residencias de la Tercera Edad, el coste medio en sus alojamientos es de 210.000 pesetas mensuales en habitación compartida. Algunos establecimientos admiten como pago la vivienda del mayor.

En las residencias públicas, cada Gobierno regional establece los baremos de acceso. En general, se tienen en cuenta criterios como el nivel económico, la situación socio-familiar, la incapacidad física o psíquica o la edad. A menudo, los residentes deben aportar un porcentaje de sus ingresos.

"La solución está en considerar a la persona, y no a su circunstancia. Hay que revisar los baremos y valorar más aspectos como la dependencia", plantea Gonzalo Bravo, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. También propone medidas de alivio fiscal para las familias que tienen un mayor a su cargo. Ahora, los trabajadores que convivan con un ascendiente mayor de 65 años cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo tienen un descuento en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).