Un modelo a combatir

Las fuerzas políticas, y especialmente la que sustenta al Gobierno, no deberían perder de vista los efectos provocados a comienzos de año por la explosión xenófoba de El Ejido en el debate del proyecto de nueva Ley de Extranjería, que se inicia el próximo lunes en la Comisión Constitucional del Congreso.A los nueve meses de aquellos hechos lamentables, el balance de sus secuelas no puede ser más desolador. La división social entre inmigrantes y población autóctona se ha acentuado y la política del alcalde de la localidad, pertenciente al sector más reaccionario del Partido Popular, se ha impuesto a los planes moderadamente integradores de las otras administraciones.La integración, objetivo al que no puede renunciar ninguna Ley de Extranjería digna de ese nombre, ha sido sustituida en esa comarca almeriense por el aislamiento y la exclusión social de los casi 20.000 inmigrantes que contribuyen con su trabajo a la riqueza y al bienestar de sus habitantes.

Éste es el cuadro dibujado en el escenario social de El Ejido cuando aún no se ha olvidado lo ocurrido en febrero pasado, cuando centenares de vecinos incendiaron y destrozaron propiedades y enseres de la población inmigrante. La política municipal de exclusión de los extranjeros del entorno urbano, como si se tratara de apestados, ha adquirido carta de naturaleza, sin que ninguna instancia oficial la haya denunciado, y menos combatido.

El alcalde de El Ejido no sólo se ha negado a autorizar la instalación cerca del núcleo urbano de módulos prefabricados para realojar a los inmigrantes que perdieron sus chabolas a manos de los incendiarios, sino que ha boicoteado los planes de vivienda social promovidos por la Junta de Andalucía. Las víctimas de aquellos desmanes siguen realojadas provisionalmente en módulos prefabricados instalados en los invernaderos, mientras que la práctica totalidad de los inmigrantes de la zona -unos 17.000- malviven sin techo digno, ocupando chabolas, cortijos ruinosos o antiguos transformadores eléctricos, a distancias no menores de 17 kilómetros del núcleo urbano.

Que situaciones así, producto de una definida política de segregación social de motivaciones racistas, se produzcan en la España actual resulta escandaloso. Pero todavía escandaliza más la ausencia de respuesta por parte de los partidos políticos -en primer lugar, del PP, al que pertenece el alcalde- y la actitud contemporizadora de las autoridades del Estado. ¿No constituyen esos comportamientos materia suficiente para que el fiscal general del Estado tome cartas en el asunto e investigue una posible y continuada vulneración de derechos por parte de instancias públicas que están más obligadas que nadie a respetarlos? ¿No tiene nada que decir el Defensor del Pueblo?

Ahora que se inicia en el Parlamento el debate, artículo por artículo, del nuevo texto de la Ley de Extranjería, sería buen momento para que el PP dejara bien claro que la nueva norma no brindará apoyatura legal a modelos de tratamiento del fenómeno migratorio como el que practica el alcalde de El Ejido. La oposición, en todo caso, no debería dejar pasar el debate parlamentario sin forzar al partido del Gobierno a una aclaración en este sentido siempre que la cuestión debatida lo requiriese.

No hay que olvidar que los vergonzosos sucesos de febrero coincidieron con la campaña de descrédito desencadenada por el Gobierno contra la todavía vigente Ley de Extranjería; que el entonces portavoz del Gobierno no dudó en relacionarlos con esta ley, a pesar de llevar sólo cinco días de vigencia, y que el presidente Aznar se mostró comprensivo con la reacción de los ciudadanos indignados por el crimen que precedió a la explosión de violencia contra los inmigrantes. Si se exceptúa la inequívoca condena que hizo entonces el titular de Trabajo, Manuel Pimentel, que dimitiría poco después, el Gobierno ha mantenido una actitud cuando menos ambigua. Si a ello se añade la débil reacción policial -hoy hay más policías, pero los autores de los desmanes siguen sin ser juzgados- se explicará, al menos en parte, la persistencia en esa comarca de un régimen segregacionista contra los inmigrantes que ninguna ley puede amparar.