La empresa que debe culminar el mapa escolar sólo podrá disponer de 18.000 millones en 2001

El coste de las obras pendientes para cumplir el mapa escolar en la Comunidad Valenciana y adaptar las infraestructuras educativas a las exigencias de la LOGSE ha sido estimado en torno a los 150.000 millones de pesetas por los máximos responsables de la Consejería de Educación. La Generalitat ha constituido una sociedad pública para agilizar los plazos y culminar las obras en tres o cuatro años. El recurso al crédito es la primera fórmula de financiación prevista por la sociedad. Pero la actual redacción de los presupuestos limita la capacidad de endeudamiento de la empresa pública a algo menos de 18.000 millones en 2001, siempre que las restantes entidades de la Generalitat se ajusten a las cuentas previstas.

Gestos y muecas

El presidente de la Generalitat firmó el pasado mes de julio el decreto de constitución de la sociedad pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, una entidad pública sujeta a derecho privado cuyo objeto es "la preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en funcionamiento de las infraestructuras educativas necesarias para la adecuada implantación de la LOGSE". Los estatutos de la sociedad no establecen plazos, pero el propio Eduardo Zaplana ha asegurado que el mapa escolar será una realidad al final de la presente legislatura y las estimaciones de la Consejería de Educación elevan a casi 147.000 millones el coste de las inversiones necesarias para ejecutar las 346 actuaciones pendientes para cumplir las exigencias de la LOGSE, entre reformas y nuevas construcciones.El primer borrador del decreto de constitución de la sociedad inlcuía la firma de Vicente Rambla, consejero de Hacienda, pero su rúbrica desaparece en el documento publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Sólo acompaña al presidente la firma de Manuel Tarancón, consejero de Educación.

El gesto del responsable de las arcas públicas demuestra una clara voluntad de desvincularse de un volumen de gasto que sólo puede afrontarse a través del recurso al endeudamiento. Pero las muecas de Rambla a cada pregunta sobre las fórmulas de financiación de las obras que debe acometer CIEGSA resultan mucho más significativas.El consejero de Hacienda explicó el lunes pasado que la Generalitat no puede asumir "aproximadamente 100.000 millones de gasto" en infraestructuras educativas puesto que la partida de inversiones en nuevos colegios o reformas se sitúa en torno a "los 7.000 millones de pesetas". Lo que sí puede hacer la Generalitat, dijo, es "amortizar en varios años" el "ambicioso" esfuerzo para culminar las obras pendientes.

Rambla explicó que la nueva sociedad recurrirá al "endeudamiento" para cumplir sus futuras obligaciones, que, por su carácter de futuras, son impredecibles y crecerán de acuerdo con la "agilidad" de la nueva sociedad para cumplir sus objetivos. El responsable de Hacienda insistió en trasladar a Educación cualquier precisión sobre "el esquema de funcionamiento" o las previsiones de CIEGSA.

Sin embargo, fue rotundo en un aspecto. Los avales que tiene previsto conceder la Generalitat a sus diversas empresas públicas, entidades y organismos autónomos no superarán en ningún caso los 100.000 millones de pesetas.

La actual redacción del proyecto de ley de presupuestos prevé que las distintas entidades de la Generalitat recurran al crédito externo por un total de 82.237 millones. Destacan las partidas correspondientes a Parque Temático de Alicante, SA, la sociedad pública propietaria de los terrenos que rodean Terra Mítica, que tiene previsto solicitar 26.645 millones de pesetas; o Ràdio Televisió Valenciana, cuyo recurso al crédito ajeno se eleva a 15.800 millones en 2001.

Las previsiones de Rambla reducen a 17.763 millones el volumen de créditos que la Generalitat podría avalar a CIEGSA, una cantidad que restringe los márgenes de actuación de la nueva sociedad incluso ponen en entredicho la necesidad de su constitución.

Las transferencias corrientes y de capital que recibirá CIEGSA de la Generalitat en 2001 suman 2.300 millones, para "amortizar los primeros gastos financieros", según explicó Rambla.

La Consejería de Educación elude el problema y asegura que los primeros pagos de las nuevas infraestructuras educativas no se harán efectivos hasta 2002, es decir, asume que la constitución de la empresa implica un nuevo retraso en las obras. Y respecto al exiguo volumen de avales sugiere que se "estudiarán fórmulas" para hacer frente a los pagos; que se recurrirá a convenios con los ayuntamientos, de acuerdo con un modelo que sólo traslada la deuda; o que se dispondrá de los fondos previstos en el capítulo de inversiones de la consejería, una partida que ha sufrido un recorte de 9.500 millones debido, precisamente, a la constitución de CIEGSA como explicó Rambla el pasado lunes.