Llantos

Como se puede imaginar el lector, no tengo ningún interés en exculpar a Jesús Gil, pero sí creo conveniente señalar que aunque sea él el principal responsable -y, presumiblemente, el principal beneficiario- del caos urbanístico de Marbella, no es el único. En Marbella no sólo han actuado empresas más o menos piratas. Constructoras como Jotsa, Ferrovial, Prasa, Expo-An o Ávila Rojas tienen pendientes expedientes y denuncias por obras que no se habrían atrevido ni a proponer en Madrid, Córdoba, Sevilla o Granada, como bien recordaba recientemente José Asenjo.Pero en Marbella valía todo. Cualquier ilegalidad era posible. Si alguien tenía dudas, Gil decía solemne: "Todo está pactado con la Junta". Además, había un delegado de Obras Públicas que insistía -¿ingenuamente?- en que el alcalde podía hacer lo que quisiera en el casco urbano.

Aunque parezca increíble, la idea de que todo estaba "pactado" se extendió incluso entre los dirigentes locales del PSOE. De ahí vienen las famosas leyendas sobre un pacto Zarrías-Gil o sobre unas conversaciones secretas con Felipe González. Estas eran las circunstancias que se daban cuando las constructoras comenzaron a actuar en cualquier lugar, incluyendo las vías públicas.

Ahora, cuando la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga ha devuelto de nuevo a Gil su engendro de PGOU, surgen los damnificados. Los mismos que se enriquecieron saltándose todo tipo de normas urbanísticas -amparándose, eso sí, en las licencias que Gil les daba-, lloran por los perjuicios que les va a traer la paralización del PGOU. Carece de sentido tanto lamento: todos sabían los riesgos que corrían, pero prefirieron creer a Gil cuando les prometía que "todo estaba pactado".

Ahora, la Junta pretende que una serie de organizaciones profesionales y empresariales hagan entrar a Gil en razón. Es una pretensión tan candorosa como la de encargarle a los pirómanos la prevención de los incendios forestales. Detrás de cada obra ilegal en Marbella ha habido, al menos, un constructor, un abogado, un arquitecto y un aparejador. Y también notarios y registradores de la propiedad que se han escudado en sus reglamentos para mirar hacia otro lado.

Ahora todos ellos -y también el PP, faltaría más- lamentan que se pueda paralizar la actividad económica en Marbella. Qué pena que no se dieran cuenta antes. En cualquier caso, es evidente que Marbella no está paralizada, ni mucho menos. Lo que sí puede paralizarse es la infernal y anárquica cadena especulativa que se había montado.

Es dudoso que valgan como mediadores quienes son parte del problema. En este grupo de bomberos pirómanos se encuentra, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados de Málaga, José María Davó, que también es abogado de Ávila Rojas, empresa constructora que tiene pendientes varias denuncias y expedientes por construir en zonas verdes o de equipamiento en Marbella. ¿Podrá Davó ser ecuánime contra sus propios intereses?

Los que han construido ilegalmente en Marbella eran conscientes de los riesgos que corrían, pero confiaban en el legendario "pacto" y en la lentitud de la Justicia. Creían jugar con ventaja y ahora temen perder la última partida. Este es el peligro que tiene confundir los negocios con los juegos de azar.