Marea química

En el Canal de la Mancha, a 70 metros de profundidad, yace una asignatura pendiente de la Unión Europea. Con el hundimiento a 35 kilómetros de la costa francesa del buque italiano Ievoli Sun y su carga de 6.000 toneladas de productos químicos ha vuelto a emerger el debate sobre el control comunitario del tráfico de mercancías marítimas en una de las zonas más castigadas del mundo por este tipo de incidentes. Aunque los temores de que se trate de una gran catástrofe ecológica se ven atemperados por las propias características de las sustancias transportadas, caben pocas dudas de que la alarma está justificada, sobre todo en Francia, donde apenas hace un año el hundimiento del Erika desató una inmensa marea negra cuyas consecuencias aún sufre la costa bretona.Ante aquel desastre, que puso al descubierto la escasa atención prestada por las autoridades comunitarias a la seguridad naval, los Gobiernos de la UE decidieron desarrollar una normativa que impusiese la seguridad como criterio fundamentador del comercio marítimo. Los plazos parlamentarios han impedido que entrasen en vigor estas medidas, entre ellas las referidas al control de los puertos y de las sociedades de clasificación de barcos. La dilación, entendida como lentitud burocrática, ha irritado a la opinión pública francesa y amenaza con convertirse en una auténtica andanada a medida que se van descubriendo los detalles del hundimiento, como el supuesto error cometido por las autoridades portuarias al permitir la salida del buque con su carga tóxica pese a las previsiones de fuerte tempestad y vientos huracanados.

Ante estos inquietantes datos, la respuesta del jefe de Estado francés, Jacques Chirac, que ejerce la presidencia de turno de la UE, de pedir que el Parlamento Europeo acelere la reforma legal sólo tiene una pega: que llega demasiado tarde.