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Tribuna:EL DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS

Equilibrio, transparencia e inversión

El rigor en la política presupuestaria ha sido una de las claves de la política económica que hizo posible nuestro acceso a la Unión Económica y Monetaria en 1999 y que ha dado lugar al importante cambio estructural en nuestra economía, donde se está combinando un elevado ritmo de producción y creación de empleo con estabilidad económica.El eje básico de esta política presupuestaria se ha centrado en el intenso proceso de consolidación fiscal realizado para recortar el déficit público desde el 6,6 % del PIB de 1995 hasta el equilibrio presupuestario que se logrará en 2001. Uno de los rasgos más importantes de esta consolidación es que en todos los años se han mejorado los objetivos presupuestarios inicialmente establecidos. No se trata, como algunos sostienen, de un mero ejercicio de ingeniería contable. En años anteriores, las modificaciones presupuestarias no sólo eran frecuentemente elevadas (en el periodo 1989-1995 alcanzaron una media del 9,2%), sino que también se desvirtuaba la realidad de la actuación económico-financiera de las Administraciones Públicas.

Desde 1996, las modificaciones se han limitado drásticamente (con una media del 4,1%, que incluso se rebajará al 3,6% de acuerdo con la previsión que se está manejando para 2000), fruto tanto de las medidas de disciplina y control del gasto introducidos como de la propia credibilidad de las cifras presupuestadas. A ello hay que unir una mayor transparencia y objetividad en las cuentas públicas, mediante comunicaciones trimestrales al Congreso y al Senado de los resultados de la ejecución, seguimiento mensualizado de los créditos y adaptación a los criterios y metodología acordados por la UE (SEC-95), que permite realizar comparaciones homogéneas de las cuentas nacionales de los países miembros. No se debe olvidar tampoco que esta transparencia ha ido acompañada del rigor objetivo que exige el análisis de las cifras del Presupuesto y su ejecución y de una mayor publicidad y difusión a través de los soportes de la nueva tecnología.

Los Presupuestos del próximo ejercicio son los primeros sin déficit público de la democracia española y con ellos se inicia la nueva etapa en la que el equilibrio de las cuentas acompañará el escenario estable y permanente de las finanzas públicas. España se suma así al grupo de países que ya cuentan con una política fiscal equilibrada, cumpliendo el compromiso de disciplina asumido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para garantizar la estabilidad del euro y el funcionamiento competitivo de las economías europeas.

Pero más importante que este compromiso, el equilibrio presupuestario reforzará la estabilidad macroeconómica que permitirá prolongar la expansión de nuestra economía y desarrollar su potencial de crecimiento para seguir avanzando en la convergencia real con Europa, es decir, aumento de las rentas, el empleo y el bienestar de los ciudadanos españoles.

Con la eliminación del déficit, los agentes económicos van a anticipar un menor endeudamiento público y una menor carga tributaria en el futuro, lo que supone un nuevo estímulo para seguir desplegando la iniciativa inversora que está detrás del proceso de crecimiento y generación de empleo actual. Pero, además, la política presupuestaria contribuirá a este proceso al destinar más recursos a la inversión pública.

El equilibrio presupuestario se va a conseguir y mantener con la misma política de contención del gasto que explica cerca del 80% de la reducción del déficit lograda desde 1996, y que ha operado con mayor rigor en el gasto corriente. Así, el gasto crece en los Presupuestos de 2001 por debajo del aumento del PIB nominal (5,9%). De esta forma se hace compatible la consolidación fiscal con el aumento de la inversión pública a un ritmo muy superior a la media europea. Las previsiones más recientes realizadas por la Comisión Europea indican que la inversión pública en España se situará en 2001 en el entorno del 3,5% del PIB, frente al 2,4% de la zona euro.

Es cierto que el ajuste presupuestario que hubo que realizar en 1996, entre otras razones para atender obligaciones de ejercicios anteriores que no contaban con cobertura presupuestaria, recayó de manera importante en la inversión del Estado. A partir de entonces, la inversión ha ido ganando peso en el PIB, al tiempo que se reducía el déficit. Esto tiene una consecuencia significativa: se ha generado un ahorro público creciente para financiar un mayor volumen de inversión pública, asegurando así su continuidad en el futuro.

En el ámbito de los Presupuestos del Estado, la inversión directa va a aumentar en 2001 un 10,3%, es decir, 4,4 puntos por encima de la tasa prevista para el PIB nominal. A ello se unen las transferencias que el Estado y sus organismos realizan a otros agentes económicos, públicos y privados, y que elevan el esfuerzo inversor que el Estado incorpora a estos presupuestos, en sentido estricto, a cerca de 2,4 billones de pesetas.

No obstante, para medir las actuaciones inversoras del Presupuesto hay que contar también con las que acometerán las entidades del sector público empresarial, como AENA, Puertos Españoles o el ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. Todo ello conduce a una inversión del sector público estatal próxima a los 3,4 billones, que supone un singular incremento del 19,7%.

Si tomamos un concepto más amplio de inversión, que englobe formación bruta de capital y las transferencias, los datos cerrados de Contabilidad Nacional muestran que la inversión de las Administraciones Públicas entre 1996 y 1999 ha aumentado dos décimas del PIB, equivalente a un billón de pesetas.

Es preciso tener en cuenta estas consideraciones para valorar de forma adecuada y realista la importancia que está teniendo la inversión pública en el proceso de crecimiento de nuestra economía y, en particular, el notable impulso a la inversión que se va a realizar en el Presupuesto de 2001. Todo ello dentro de un escenario de gasto total decreciente, si se mide en su relación al PIB, que permiten dar un decisivo paso en el saneamiento de las cuentas públicas con fuerte apoyo a la economía productiva y sin menoscabo de las políticas de atención social que exige un país desarrollado como España.

Elvira Rodríguez Herrer es secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de noviembre de 2000