Los expertos de la UE aconsejan frenar las jubilaciones anticipadas

El dramático envejecimiento de la población es uno de los problemas mayores a los que se enfrenta la Unión Europea. En países como España las previsiones son malas y se estima que, si se mantiene el estado actual, el coste adicional del gasto público en pensiones será del 8% del PIB dentro de 30 años. Los expertos recomiendan que se retrase la edad de jubilación y, sobre todo, que el retiro no se produzca antes de la edad legal.

Esas conclusiones proceden del Comité de Política Económica que presentará el próximo martes en Bruselas un informe ante el Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin). El estudio contiene proyecciones precisas sobre el efecto que tendrá el incremento continuo del gasto en pensiones respecto al Producto Interior Bruto. Hasta la fecha nadie se ha atrevido a dar cifras concretas ni a hacer previsiones sobre el impacto del envejecimiento de la población en la economía europea por los problemas políticos que plantea en países como Italia o España. El pasado marzo, en la Cumbre de Lisboa, los jefes de Estado y de Gobierno ya hicieron patente su preocupación por esta tendencia dramática hacia el envejecimiento y evocaron la necesidad de modernizar los sistemas de protección.La Comisión Europea no quiso esperar y decidió el pasado 11 de octubre meter mano a este asunto adoptando una comunicación en la que alentaba a los Quince a que utilicen el crecimiento económico y la creación de empleo para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Bruselas también hizo especial énfasis en la necesidad de que se emprendan reformas estructurales urgentes y más ambiciosas para que las economías puedan soportar el impacto de una sociedad cada vez más vieja.

Sobre la base de las conclusiones de Lisboa, un grupo de expertos en economía de los Gobiernos de la UE y de los bancos centrales han elaborado unos informes que serán analizados por el Ecofin el martes, con carácter informal, sobre las pensiones y la viabilidad del gasto público en el que por primera vez se presenta una proyección con estimaciones precisas sobre cuánto crecerá durante las próximas tres décadas el gasto en pensiones respecto al PIB.

El informe del Comité de Política Económica, según fuentes citadas por Reuters, estima que en la mayoría de los países de la UE el gasto público en pensiones se incrementará entre un 4% y un 5% del PIB para 2030. En países como Reino Unido, donde durante años se ha animado a la población a recurrir a sistemas de pensión complementarias para garantizarse unos ingresos dignos durante la vejez, "el impacto del incremento del gasto público en pensiones será mínimo". Pero entre los casos más graves, continúa la fuente, se encuentra España, donde se prevé que el coste adicional alcance el 8% del PIB. En la actualidad, las prestaciones sociales destinadas a la vejez representan el 9,6% del PIB español y el 12,5% de la UE.

Al igual que hiciera en su comunicación la comisaria europea de Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou, los expertos alientan a los Quince a que emprendan reformas estructurales urgentes para retrasar la edad de jubilación, y para poner fin a una práctica vigente en la mayoría de los países de la UE: la edad efectiva de jubilación es inferior a la edad legal prevista en los regímenes obligatorios de pensiones.

Los procesos de reforma de los sistemas de pensiones ocupan un lugar prioritario en los programas económicos de los Estados miembros y en muchos está bien encauzada, según la Comisión. En Francia e Italia no se emprenderán hasta después de las elecciones legislativas y en Alemania se alcanzó un acuerdo a principios de año, pero necesita el visto bueno del Parlamento. En España, está en proceso de negociación.