Los farmacéuticos rechazan que el juzgado pueda prohibirles cobrar íntegras las recetas
Derechos de asociación
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra considera que el juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Pamplona carece de jurisdicción legal para suspender el cobro íntegro de los medicamentos decidido por los profesionales en su pugna con el Gobierno foral a cuenta del proyecto liberalizador que plantea el Ejecutivo. El juzgado prohibió el cobro a través de un auto de suspensión cautelar dictado el pasado 27 de octubre, cuya anulación pidieron ayer los farmacéuticos.La titular del juzgado se ha dado ahora dos días para decidir si mantiene la suspensión de la medida de protesta o la levanta.
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"El acuerdo impugnado fue tomado por los farmacéuticos en el ejercicio de unos derechos como asociación, y aunque esté dentro del marco del Colegio, sólo intervinieron los farmacéuticos con oficina de farmacia abierta y exclusivamente ellos decidieron sobre cómo cobrar las recetas, algo sobre lo que tenían perfecto derecho a decidir", expuso Martínez Merino.Recordó que el concierto con el Servicio Navarro de Salud "está extinguido a todos los efectos desde que el pasado 29 de septiembre el Gobierno no quiso estar en el requerimiento que se hizo por el colegio para la revisión".
De hecho, son más de mil los titulados en farmacia los que pertenecen al Colegio Oficial, aunque sólo hay 308 con oficina abierta y únicamente 256 de ellos pertenecen a la asociación patronal que decidió cobrar los medicamentos. A la salida de la reunión, que se prolongó una hora, el letrado informó de la exposición jurídica realizada por el Colegio en defensa de la legalidad de su decisión y dio a conocer la presentación a la juez del informe jurídico que sirvió de base para la adopción del polémico acuerdo, informe que está en posesión de los grupos parlamentarios y que, afirma el Colegio Oficial, no ha sido contestado hasta la fecha por el Ejecutivo foral.
"No existe ni el más mínimo perjuicio para nadie por cobrar las recetas", explicó el letrado, "ni para el Gobierno de Navarra ni para el usuario, siempre que al usuario" le pague puntualmente el Ejecutivo.
Martínez Merino recordó que han transcurrido diez días desde los primeros cobros íntegros del precio del medicamento "y, que se sepa, todavía no se le ha pagado a nadie". El Colegio entiende que un reembolso puntual no hubiera supuesto perjuicio alguno y culpa al Ejecutivo de no haber sido capaz de arbitrar un sistema de pago lo suficientemente ágil como para evitar perjuicios.
Los farmacéuticos echaron mano ante la juez de dos ejemplos para defender su postura: los funcionarios de la Diputación Foral de Navarra, que pagan íntegramente sus medicinas "sin que nadie crea que eso sea ilegal", y los propios funcionarios de la mutualidad de la judicatura, que tienen una normativa que establece el mismo sistema de pago.
