El auto señala que la nueva dirección del organismo se desvinculó de sus compromisos de forma "unilateral"

El auto del juez Vicente Ríos no deja lugar a dudas acerca del origen del supuesto "quebranto económico" de 1.046 millones de pesetas que motivó la querella. Así, explica que a principios de 1995 Ford comunicó a Procova -empresa predecesora del Ivex- su interés de exportar coches a Túnez, para lo que necesitaba acreditar su relación con la aquisición de productos metalmecánicos en ese país para obtener las oportunas licencias de importación, con la intermediación de la empresa pública. Ésta, por indicación de Ford, estableció para ello contacto con la empresa tunecina Sonotube y con la francesa Apod, ambas del Grupo Lagier. El correspondiente contrato fue firmado en julio de 1995. Las operaciones se desarrollaron con normalidad hasta que a finales de ese año la empresa Apod comenzó a sufrir dificultades financieras, que le impidieron hacer frente a las facturas que le giraba el Ivex. En esa situación, el Banco Exterior se negó a seguir financiando las operaciones a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), por lo que Procova se dirigió al Arab Bank para que lo hiciera. El auto señala que a finales de 1996 la deuda de Apod sumaba 368 millones de pesetas, como reveló el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a ese ejercicio, y creció hasta los 533 millones un año después, para quedar reducida a 484 a finales de 1998 gracias a una renegociación de la operación, con la entrada en escena de la empresa belga Graficom como receptora de los productos tunecinos.El nuevo procedimiento funcionó hasta el mes de junio de 1999, ya que mientras Tabares permaneció al frente del Ivex los efectos comerciales presentados al descuento por Sonotube y aceptados por Graficom con el aval del organismo dependiente de la Generalitat fueron satisfechos sin mayor problema. Pero el 17 de septiembre del año pasado Tabares fue sustituido por Carmen de Miguel al frente del Ivex. En ese momento, los efectos pendientes avalados por Tabares sumaban, según contabiliza el auto, 562 millones de pesetas. Una cifra que, unida a los 484 pendientes del ejercicio anterior, sumaba los 1.046 millones del supuesto "quebranto económico" que motivó la querella.

El juez pone de manifiesto que, tras conocer el relevo de Tabares, las empresas implicadas se pusieron en contacto con el Ivex para interesarse acerca de la persona que le reemplazaba, "a efectos de asegurar la continuidad del acuerdo existente". Paralelamente, y tras un contacto del director financiero del Ivex, Joaquín Barber, con uno de los bancos implicados, que avisaba del próximo vencimiento de unas letras, la nueva directora general remitió una carta en la que aseguraba que el organismo "no tenía ningún conocimiento" de que hubiera prestado su aval. Y eso a pesar de que, como reiteradamente refleja el auto, el consejo de administración del Ivex conoció en cada momento el estado de las operaciones. El juez lo dice muy claro en uno de sus razonamientos jurídicos: "El consejo de administración del Ivex se ha desvinculado de forma unilateral de distintos compromisos y obligaciones contractuales de la entidad (...) y pretendiendo incluso negar la existencia de aquellas obligaciones más evidentes, ha venido a atribuir hechos, en definitiva penalmente irrelevantes, a los señores Tabares y Lagier".