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Bruselas suspende 10.000 millones de ayudas a parados gestionadas por la Generalitat

La Comisión Europea bloqueará la entrega de 10.316 millones de pesetas (unos 62 millones de euros) al Gobierno catalán para formar parados si no recibe explicaciones convincentes sobre el correcto uso de ese dinero. Esta cantidad supone todas las ayudas del Fondo Social Europeo previstas para el año 1999. El bloqueo se ha producido a raíz del llamado caso Pallerols, un asunto bajo investigación judicial por presunto desvío de fondos para la formación de parados, que se ha relacionado con la financiación de Unió Democràtica, coligada con el partido de Jordi Pujol, CDC.

Contenido del informe

Hasta el momento, la Comisión Europea (CE) ha bloqueado 2.329 millones de pesetas (14 millones de euros). Pero Bruselas advierte de que seguirá bloqueando las entregas de fondos durante todo el año que viene, al menos hasta que España aclare qué tipo de irregularidades se han podido producir en el manejo de parte de esos fondos. El Ejecutivo comunitario aseguró ayer que la cantidad que está en riesgo para el Gobierno catalán es cuatro veces mayor que los 2.329 millones de pesetas bloqueados hasta la fecha. Este dinero proviene del Fondo Social Europeo, un organismo a través del cual Bruselas y los gobiernos europeos cofinancian las políticas de formación y empleo.

Un asunto de "partido"

Ayer llegó a Bruselas el dossier español sobre el control financiero de los fondos comunitarios destinados al Gobierno catalán. El informe, enviado por el Ministerio de Trabajo, debe ser analizado ahora por los técnicos de la Comisión Europea. Una vez analizado, la CE dictaminará si se puede desbloquear o no el dinero.

Ésta puede pronunciarse sobre el dossier "seguramente antes de Navidad", si los datos son "buenos, conformes y correctos", dijeron técnicos del Fondo Social Europeo. Se desconoce el contenido de este informe. En todo caso, insiste Bruselas, una información correcta y a tiempo podría haber evitado el bloqueo de tanto dinero. El consejero de Trabajo del Gobierno catalán, Lluís Franco, viajará a Bruselas en los próximos días para tratar de que las autoridades comunitarias desbloqueen estos fondos, según un portavoz del Departamento de Trabajo. El portavoz del departamento que dirige Franco señaló que éste quiere entrevistarse "por iniciativa propia" con la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales Anna Diamantopoulou, la comisaria europea responsable de estos fondos sociales. Unió Democràtica de Catalunya controla el Departamento de Trabajo del Gobierno catalán desde que se creó, hace 20 años.

En la cifra global de fondos que el Gobierno catalán debería recibir de Bruselas se incluyen 23 millones de ayudas estatales que tampoco pueden ser desembolsadas en tanto que la Unión Europea no disponga de información precisa sobre esas presuntas irregularidades de las que los técnicos de la CE sólo han tenido información a través de la prensa española. Entre estos casos, además de los judicializados Méndez y Pallerols, podrían haberse incluido otros receptores de los que Bruselas sospecha irregularidades.

La CE, según se supo ayer, ni siquiera ha tenido información oficial por parte de las autoridades españolas de que hubiera una investigación judicial en curso.

Si España hubiera ofrecido desde el principio la información requerida por Bruselas, los técnicos, que se limitan a aplicar los reglamentos, como ha insistido reiteradamente la CE, no tendrían que haber bloqueado este volumen de fondos y podrían haber mantenido las ayudas designadas a otros proyectos.

En realidad, la CE hubiera preferido actuar de esta manera, congelando sólo los fondos destinados a programas presuntamente fraudulentos bajo investigación judicial.

La oposición reitera la necesidad de crear una comisión de investigación para el 'caso Pallerols'

Los oposición política en Cataluña, menos el Partido Popular, volvió ayer a insistir en la necesidad de crear una comisión de investigación parlamentaria para aclarar las presuntas irregularidades en el uso de los fondos de formación ocupacional. Además los socialistas pidieron expresamente al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, su comparecencia en el Parlament, e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) reclamó el cese inmediato del consejero de Trabajo, el democristiano Lluís Franco.Mientras, los dirigentes de Unió Democràtica, partido que siempre ha dirigido el Departamento de Trabajo y al que se acusa de financiarse ilegalmente a través de estos fondos, echaron balones fuera y reiteraron que el caso Pallerols tan sólo compete al Gobierno catalán, y no al partido en sí. Distinta opinión expresaron fuentes de Convergència. Su secretario general, Pere Esteve, afirmó: "La responsabilidad del Gobierno afecta a los partidos que lo apoyan". No obstante, declinó manifestarse sobre el asunto por desconocer, según dijo, los pormenores del bloqueo de fondos.

Los socialistas presentarán una moción en el próximo pleno del Parlament para que Jordi Pujol haga público un informe sobre la gestión de los fondos ocupacionales en los años 1998 y 1999. "Es necesario que Pujol reconozca que ha habido descontrol en la gestión de los fondos europeos y no ha entregado la documentación a Bruselas, por lo que debe establecer más control y más seguridad", afirmó el parlamentario socialista Josep Maria Rañé. Miquel Iceta, por su parte, calificó de inadecuado el debate monográfico que se celebrará en el Parlament sobre el caso Pallerols, ya que no permitirá investigar a fondo el asunto, por lo que, añadió, ahora es más necesaria que nunca la creación de una comisión de investigación.

En similares términos se pronunció Josep Huguet, de ERC, quien añadió que el bloqueo de las ayudas demuestra que "lamentablemente la gestión de los fondos no ha sido transparente". Asimismo reclamó que se dote de más medios a la Sindicatura de Cuentas para fiscalizar el uso de este tipo de ayudas.

El portavoz de IC-V, Joan Boada, fue quien más duro se mostró al reclamar el cese "fulminante" del consejero de Trabajo por "haber mentido durante todo este proceso", según afirmó. Boada reprochó al Gobierno de CiU que no asuma las responsabilidades derivadas de este asunto e instó a Jordi Pujol a "asumir responsabilidades por higiene democrática".

La portavoz del PP, Alicia Sánchez Camacho, reclamó de nuevo la comparecencia de Duran en el Parlament, pero rechazó una vez más la creación de una comisión de investigación. "La Generalitat debe responder de forma inmediata y clara ante este grave problema", señaló. Miembros del PP se pusieron ayer en contacto con el consejero de Trabajo, quien les informó de que el debate monográfico en el Parlament podría celebrarse la tercera semana de diciembre, inmediatamente después del congreso de Unió.

El sindicato Comisiones Obreras anunció que hoy, en la reunión del consejo de trabajo, pedirá a los consejeros Artur Mas y Lluís Franco explicaciones sobre este escándalo. "No aceptaremos", señalaron fuentes del sindicato, "que el bloqueo pueda afectar al conjunto de los parados de Cataluña".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de octubre de 2000

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