Birulés no se explica

La comparecencia en el Congreso de la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, para explicar las razones por las que se recurrió al procedimiento de concurso para adjudicar las licencias de UMTS -telefonía móvil multimedia- defraudó a quienes esperaban argumentos razonables y posiciones claras en una materia que ha levantado tanta controversia. La comparecencia resultó un bumerán para la ministra. Ni explicó satisfactoriamente por qué las arcas públicas españolas han ingresado tan sólo 86.000 millones, una cantidad mínima en comparación con los 8,4 billones ingresados en Alemania (¡el 2,5% del PIB alemán!) y los 6,3 billones del Reino Unido. Ni por qué, si las condiciones del concurso español son tan favorables en compromisos de inversión, se impone un canon correctivo de 25.000 millones de pesetas anuales, que ha provocado protestas de las operadoras efectadas. Este hecho responde a la tendencia del Gobierno de intentar corregir los errores derivados de decisiones arbitrarias con otras que también lo son.Si la razón para no anular o rectificar el concurso resuelto por el ministro Arias-Salgado en plenas vísperas electorales fue la inseguridad jurídica que crearía, resulta que una inseguridad no menor genera el establecimiento de un nuevo canon de 25.000 millones anuales. Las operadoras entienden que, tal como está redactada la norma que impone el canon, nada impide que en el ejercicio siguiente tengan que pagar cualquier otra cantidad, por arbitraria y descomunal que parezca.

Para colmo, la oposición desveló un rosario de irregularidades en la concesión de las licencias, tales como que los criterios de valoración de las ofertas se fijaran después de conocer éstas, lo que, además de inseguridad jurídica, introduce serias dudas sobre lo que entiende la ministra por adjudicación "transparente y acorde con la legislación".

Varias comparecencias más tendrá que hacer la ministra para explicar por qué fue el secretario general de Comunicaciones y no la mesa de contratación quien estableció los criterios de valoración. Estos desaguisados contradicen la imagen de transparencia y neutralidad que necesita emitir el Gobierno de un país avanzado para atraer inversiones estables.