Médicos del Mundo dice que Sanidad desatiende a los inmigrantes

Largos trámites

La atención sanitaria hacia los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en la Comunidad está marcada por la "ineficacia" del Consell, según denunció ayer Médicos del Mundo. La organización humanitaria centró sus críticas en los problemas surgidos con la tarjeta sanitaria dirigida a los inmigrantes -la llamada tarejata solidaria, la misma que se aplica a la gente sin recursos-, un documento desarrollado de forma tan "restrictiva" que limita seriamente su eficacia. Tanto, que Médicos del Mundo ha decidido reabrir su centro de asistencia sociosanitaria a inmigrantes (Cassin) y seguir prestando asistencia en sus instalaciones, en respuesta a los obstáculos de Sanidad que impiden una atención adecuada a los extranjeros. La organización redujo la actividad del centro tras el compormiso adquirido por Sanidad de hacerse cargo de la atención a extranjeros, en febrero.

La vocal de cuarto mundo de la entidad, Blanca Nogués, denunció que los trámites desde que los inmigrantes solicitan hasta que se obtiene la tarjeta se alargan hasta los tres y cuatro meses. Numerosos centros de salud no atienden a los extranjeros si carecen de tarjeta, por lo que se pueden encontrar hasta cuatro meses carentes de asistencia sanitaria. Este aspecto se solucionaría si se les entregara un resguardo en cuanto solicitan el documento, una situación que tampoco se produce, por lo que se quedan húerfanos de atención. Otro de los problemas planteados son los numerosos requisitos que se exige a los extranjeros para acceder a las tarjetas, unas condiciones mucho más restrictivas que las que se dan en otras autonomías como la andaluza o la catalana, como denunció el coordinador de Médicos del Mundo en la Comunidad, Julián Monleón. En la Comunidad los inmigrantes han de presentar un justificante de no haber tributado nunca a Hacienda -los extranjeros que han tenido la suerte de trabajar con un contrato aunque sea temporal quedan excluídos-, entregar numerosa documentación, entre ella el pasaporte -la mayoría de los subsaharianos carecen de él, por lo que no pueden acceder a la atención sanitaria- y demostrar que cobran por debajo del salario mínimo -que ronda las 70.000 pesetas-. Hay trabajadores imigrantes que perciben salarios mensuales ligeramente superiores a esta cantidad, pero la mayoría de ellos envían en un alto porcentaje de sus sueldo a su país de orígen, como destacaba Monleón, por lo que en la práctica, se quedaban sin asistencia pública y sin la posibilidad de acudir a una consulta privada.

Médicos del Mundo denunció también que, pese a la aprobación en febrero del decreto que regula la tarjeta solidaria, la consejería que dirige Serafín Castellano insiste en facturar las atenciones de urgencias -valoradas generalmente en 16.689 pesetas- a los inmigrantes que acuden a los hospitales valencianos para ser tratados, pese a tener reconocida por ley este tipo de asistencia.