El Tribunal de Cuentas rechaza cualquier "actuación sesgada" en su informe sobre la Diputación vizcaína

Datos "no contrariados"

El Tribunal Vasco de Cuentas rechazó ayer cualquier "actuación sesgada o prevaricadora" en su último informe sobre las cuentas económicas de 1998 de la Diputación de Vizcaya y consideró "irreales y peregrinas" las críticas vertidas por el titular foral de Hacienda, Javier Urizarbarrena. En este estudio del órgano fiscalizador de las administraciones vascas se constata la existencia de más de 121.000 millones de pesetas en impuestos pendientes de cobro, de los que un 85%, 96.600 millones, se consideran de difícil recaudación. Además, únicamente en 1998 quedaron pendientes tributos por valor de más de 20.000 millones y la mitad -10.600- se daban por incobrables.La difusión de estos datos provocó el lunes las críticas del diputado foral de Hacienda, quien dijo que el Tribunal de Cuentas "ha pecado como mínimo de una falta de rigor" al destacar la cifra de impuestos incobrables.

El órgano fiscalizador, en un comunicado oficial, volvió a aportar los datos sobre los tributos pendientes de recaudación, "que no han sido contrariados en forma alguna". "Corresponde a la espera competencial de lo distintos grupos junteros y a la libre opinión pública catalogar como normal o anormal, es decir, adjetivar o calificar, la magnitud de la cifra pendiente de cobro de la Hacienda foral vizcaína", sostiene.Niega las afirmaciones del juntero de EH Endika Garai, quien, en el debate del informe en las Juntas, dijo que el tribunal "filtró" el estudio a la prensa. "Los informes tienen la condición de documentos públicos y son remitidos de una sola vez y en el mismo momento al Parlamento vasco, las Juntas Generales de cada uno de los territorios históricos, las propias administraciones fiscalizadas y a los distintos medios de comunicación, poniéndose asimismo a disposición de todos los ciudadanos a través de internet".

El tribunal rechaza también las argumentaciones de Urizarbarrena sobre la confusión creada o los ataques al Concierto Económico. "El Tribunal de Cuentas no cumple otra finalidad que la de verificar la adecuación al ordenamiento jurídico de la actividad de las distintas administraciones, así como el examen de la eficacia y la eficiencia de las mismas, proponiendo en su caso las medidas de racionalización y mejora que considere oportunas", señala.

Junto a ello, reitera el ofrecimiento del presidente del Tribunal de Cuentas a comparecer ante las órganos competentes vizcaínos para explicar los informes anuales, "tal y como con toda normalidad viene ocurriendo [en el resto de las instituciones vascas] excepto ante las Juntas Generales de Vizcaya, donde, aun a pesar de las reiteradas solicitudes dirigidas, todavía no ha sido invitado".