Inocentes condenados a muerte
Cinco de cada 100 presos sentenciados a la pena capital en EE UU no eran culpables
"La pena de muerte en Estados Unidos es anticonstitucional por su crueldad, y además no es eficaz como pretenden, porque al que mata le da igual que después le maten a él", dice Joaquín Martínez, padre del español que estuvo en el corredor de la muerte del Estado de Florida y ahora espera el nuevo juicio que le han concedido para el próximo 12 de febrero a causa de los errores procesales que hubo en el primero. Joaquín José Martínez fue víctima en la primera ocasión de lo que soportan la mayoría de los condenados que luego resultan ser inocentes: mala defensa, cierre apresurado del caso para satisfacer la presión social contra el crimen y manipulación de pruebas.Pero Joaquín es uno de los afortunados que han conseguido una segunda oportunidad, porque los archivos sobre la pena de muerte están llenos de historias de horror, de hombres inocentes olvidados por la justicia. Al menos a 23 de ellos la absolución les llegó demasiado tarde, y otros 87 fueron liberados tras años de languidecer en los corredores de la muerte al comprobarse su inocencia. "El peligro de ejecutar a inocentes continúa aumentando", según Richard Dieter, director del Centro Nacional sobre la Pena de Muerte. A pesar de las espeluznantes estadísticas, la pena capital está tan arraigada en la cultura estadounidense que ni siquiera es un tema de debate en la contienda por la Casa Blanca.
No da dividendos políticos y sí implica el riesgo de que los decapitados acaben siendo los propios candidatos que levanten la voz en contra. Le ocurrió al demócrata Michael Dukakis, el último que se atrevió a pedir la abolición, cuando en 1988 se enfrentó a George Bush. El electorado lo interpretó entonces, y sigue interpretándolo ahora, como "mano blanda" contra el crimen. Y ése es un pecado políticamente imperdonable en una sociedad estrangulada por la violencia armada.
George W. Bush lo sabe bien. Y no le tiembla la mano a la hora de firmar sentencias -146 durante su mandato como gobernador de Tejas- ni de ratificar su convencimiento de que ésa es la mejor forma de detener el crimen. "Así se salvan otras vidas", dijo en el útimo debate. Al Gore se manifestó igualmente a favor, a pesar de que una gran parte de los que se oponen a la pena de muerte pertenecen a su base política. Pero es cuestión de aritmética electoral: cerca del 70% del electorado está a favor de las ejecuciones como último castigo contra el crimen, mientras que los 3.467 condenados no votan.
"Es un castigo simbólico", dice el profesor Kenneth Smith, sociólogo de la Universidad de Miami. "Los gobernantes tienen que demostrar que están haciendo algo para combatir el crimen. Es inmoral", agrega. El argumento tradicional de que la ejecución es un factor disuario acaba de ser rebatido por las propias estadísticas del FBI sobre la tasa de criminalidad. En 10 de los 12 Estados que no tienen pena capital, el porcentaje de homicidios está por debajo del promedio nacional, mientras que en los 38 Estados que sí la tienen se ha incrementado entre un 48% y un 101%.
La gran pregunta es: ¿cuántos inocentes se han ejecutado? En el estudio más exhaustivo realizado hasta ahora, los profesores de la Universidad de Florida Hugo Bedau y Michael Radelet concluyen que desde que se restableció la pena capital en EE UU, en 1976, en un 4,5% de las veces los tribunales han condenado a inocentes.
Ése fue el destino, entre otros, de Roger Keith Coleman y Leonel Herrera, ejecutados en 1992 y 1993 en Virginia y Tejas, respectivamente. Ahora figuran en las estadísticas penales como "posibles ejecuciones erróneas".
El Tribunal Supremo desestimó una apelación de Coleman porque la presentó un día tarde. "No se queje de los errores de su abogado", le respondieron sin más los magistrados. Horas después lo ejecutaron.
