El Gobierno rechaza polemizar sobre la seguridad del fiscal jefe asesinado

El presidente del Gobierno, José María Aznar, descartó ayer en Seúl (Corea del Sur) una posible investigación sobre los motivos por los que el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, carecía de escolta cuando fue asesinado. Aznar recordó la iniciativa de una cuestación popular para extender la seguridad privada a más personas y dijo que no prosperó por las críticas de la oposición y de los medios informativos. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, aseguró que "es muy difícil proteger a todos".

Respondiendo a una pregunta durante la rueda de prensa que celebró tras participar en la cumbre entre Europa y Asia reunida en la capital de Corea del Sur, Aznar pareció descartar la idea de una posible investigación sobre los motivos por los que la última víctima de ETA, el fiscal jefe Luis Portero, carecía de protección a pesar de haberla solicitado. "No quiero entrar en esos planteamientos, no quiero ir por esa vía polémica", explicó, tras afirmar que comprende perfectamente que las familias de las víctimas reaccionen con quejas de ese tipo.Aznar recordó a continuación la iniciativa del PP de hacer una recaudación popular para extender la seguridad privada al mayor número posible de funcionarios o políticos y cómo no prosperó por las críticas de la oposición "y de los medios para los que escriben ustedes". "Los que hicieron imposible aquello no pueden ahora darnos lecciones morales. La lucha contra el terrorismo será larga y no admite que se vaya por vericuetos ni curvas, ni con vaivenes", concluyó, refiriéndose ya claramente al PSOE.

En Madrid, mientras tanto, fuentes de Interior aseguraron que más del 30 % de las personas a las que se da protección policial son miembros de la Judicatura y la Fiscalía. En la actualidad, Interior tiene destinado a esta actividad a unos 3.500 agentes, que dan escolta a 674 personas, de las que 272 son magistrados y fiscales; concretamente 163 magistrados y 99 fiscales.

Dichas fuentes consideran "injusto" decir que los jueces y fiscales carecen de seguridad, si se compara les compara con otros colectivos mucho más golpeados por el terrorismo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, admitió que el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, había solicitado protección, y que se decidió establecer un servicio de contravigilancia, que "desgraciadamente no fue suficiente". Rajoy y Mayor Oreja coincidieron ayer en distintas intervenciones en que "las víctimas siempre tienen razón".