El fiscal Portero rogó a su familia que, si algo le pasaba, publicara sus cartas pidiendo protección

"Nuestro padre se enfadó cuando le denegaron la escolta, porque sabía que estaba en una lista de objetivos de ETA cuando desarticularon el comando Andalucía en 1998". Así de rotundos se mostraron Luis y Daniel Portero, dos de los hijos del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) asesinado por ETA el 9 de octubre pasado. "En dos ocasiones había solicitado por escrito que se le asignara escolta, una en julio, tras el asesinato del concejal malagueño [José María] Martín Carpena, y otra vez en agosto". Portero ordenó a su familia que si le ocurría algo sacaran esas peticiones a la luz.

Los hijos de Portero explicaron ayer que su padre se sentía inquieto tras la oleada de atentados en Andalucía, por lo que pidió un servicio de protección personal y vigilancia. "Nos extraña que nuestro padre, teniendo el mismo rango que el presidente del TSJA, [Augusto Méndez de Lugo] que posee una escolta las 24 horas al día y un coche blindado, no dispusiera de los mismos medios", señalaron a EL PAÍS. "También dejó ordenado que, si le sucedía algo, las cartas que había enviado pidiendo escolta salieran a la luz".La familia decidió hablar ayer por primera vez tras el asesinato del fiscal jefe del TSJA después de que en una emisora de radio se asegurara que los fiscales andaluces habían decidido investigar el asunto por su amistad con Portero. "Eso es indignante", declararon los hijos. "Si la fiscalía ha abierto diligencias es porque hay pruebas de que se le había denegado la escolta".

Luis Portero tenía, según fuentes policiales, un servicio que lo acompañaba desde las proximidades de su domicilio hasta su despacho en la sede del TSJA por las mañanas. A mediodía, el fiscal jefe regresaba solo a casa, en coche oficial, aunque sin escolta. Fuentes policiales señalaron el día del atentado que no era habitual que ETA actuase a mediodía. "El que no tuviera escolta no fue decisión de nuestro padre", indicaron los hijos de Portero.

Viuda de Portero

La viuda de Portero, Rosario de la Torre, declaró ayer a varios medios de comunicación que su marido solamente estaba incluido en un plan de contravigilancia, y que, en la primera ocasión que pidió escolta, en julio, "no se le contestó por escrito; le contestaron por teléfono y le dijeron que le ponían contravigilancia". Portero, según su viuda, "había comentado en casa que se sentía inquieto, como si tuviera la intuición de algo". De la Torre aseguró que el día que mataron a su marido "no había nadie allí que vigilara, luego los etarras sabían perfectamente que era un blanco perfecto". Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y cuñado de Luis Portero, afirmó ayer a la SER que le "extrañó" mucho saber que éste no tenía escolta y dijo que, de haberlo sabido, "habría presionado sobre él para que la tuviese".Por su parte, asociaciones de jueces y fiscales reclamaron ayer una información adecuada sobre los integrantes de ambos colectivos que hayan sido objeto de seguimiento o figuren en listas de ETA, con la finalidad de que puedan aplicar las medidas de autoprotección necesaria.

Todas las organizaciones, excepto la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), consideraron razonable la apertura de diligencias por la Junta de Fiscales de Andalucía para aclarar la denegación de escolta al fiscal jefe asesinado.

El presidente de la APM, Santiago Martínez-Vares, se mostró contrario a abrir un debate en torno a la seguridad de Portero "porque la última responsabilidad la tiene quien empuña un arma y dispara".

José Antonio Martín-Caro, portavoz de la Asociación de Fiscales, de cariz conservador, mostró su apoyo a que las diligencias abiertas "traten de aclarar algunos extremos".

Montserrat Comas, de la progresista Jueces para la Democracia, exigió a Interior que explique "porqué se informó a la ciudadanía con el dato falso de que Luis Portero había renunciado a su escolta, cuando existe una carta que demuestra que la estaba solicitando". Comas consideró "correcta y adecuada" la decisión de abrir diligencias por parte de la Junta de Fiscales.

El PSOE reiteró su absoluta confianza en el modo en que el Gobierno dirige la lucha antiterrorista y se mostró convencido de que el Ministerio de Interior ofrecerá una explicación.

Mientras, en Andalucía se mantiene la polémica sobre si la Junta de Andalucía debe intervenir en estos dispositivos de vigilancia a miembros de la judicatura. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Francisco López Pastor, se desmarcó de la propuesta de su colega en Granada, Alfonso Marín Sicilia, para que sea la Junta la que contrate vigilantes privados para los miembros de la judicatura por el hecho de tener traspasadas sus competencias en Justicia. "En este tema todos debemos ir del brazo de una manera decidida", se limitó a señalar López Pastor.