Interior expedienta a los 80 detenidos por los incidentes del Alarde de Hondarribia

La consejería de Interior ha abierto expediente a las 80 personas detenidas en los ensayos de la compañía mixta Jaizkibel y durante la celebración del Alarde de Hondarribia, el pasado 8 de septiembre. Sus intentos de boicotear la presencia igualitaria de la mujer en el desfile han sido tipificados como "alteración grave del orden público" según la Ley de Seguridad Ciudadana y podrían costarles una multa de entre 50.000 y cinco millones de pesetas. Los expedientados tienen la posibilidad de presentar alegaciones.

Alegaciones

Las pasadas fiestas patronales de Hondarribia arrojaron un resultado poco festivo. Un total de 80 personas fueron detenidas en las jornadas previas y durante el día grande de la localidad. La decisión de Interior de que la compañía Jaizkibel encabezara el Alarde del día 8 hizo crecer el clima de tensión hasta cotas nunca alcanzadas desde hace cuatro años, cuando un grupo de mujeres comenzó a reivindicar su derecho a participar en el desfile en condiciones de igualdad. La compañía mixta Jaizkibel sufrió como nunca el hostigamiento por parte de los defensores del Alarde tradicional. Sus integrantes no saborearon la tranquilidad ni siquiera durante los ensayos, en los que estuvieron custodiados por agentes de la policía autónoma. La Ertzaintza detuvo durante aquellos días previos a 22 personas. Los 58 expedientes administrativos restantes corresponden a otras tantas personas arrestadas en los altercados ocurridos el 8 de septiembre. Ese día, varios cientos de personas, en su mayoría mujeres, realizaron una sentada para evitar que Jaizkibel encabezara el desfile, en actitud desafiante frente al amplio despliegue policial.

Interior ha abierto expediente contra todos ellos por "alteración grave del orden público", de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana. De esta forma, si los expedientes prosperaran, las 80 personas deberían hacer frente al pago de una sanción económica que puede oscilar entre las 50.000 pesetas y los cinco millones. Por el momento, el procedimiento administrativo establece que los expedientados tienen un plazo para presentar alegaciones y recursos. Existe además una vía penal abierta en los juzgados por los incidentes registrados. Si este procedimiento siguiera adelante y se abrieran diligencias, los expedientes quedarían paralizados a la espera de la resolución judicial. Fuentes jurídicas aseguran además que si se derivaran responsabilidades penales de estos altercados, los expendientes administrativos quedarían archivados, por un principio que establece que no caben dos condenas por los mismos hechos.

El Departamento de Interior comenzó a notificar a los afectados la apertura de los expedientes la semana pasada. Los dos colectivos de Irún y Hondarribia que defienden el Alarde tradicional ya han puesto en marcha campañas de recaudación de fondos para ayudar al pago de las posibles multas que pueden derivarse si prosperan los expedientes administrativos.