Un 18% de asalariados valencianos perderán poder adquisitivo con la desviación de la inflación

La introducción en los convenios colectivos de la cláusula de revisión salarial se ha extendido en los últimos años salvo para un 18% de asalariados valencianos que este año perderán poder adquisitivo por el repunte de la inflación, que superaba en el mes de septiembre un 1,7% la previsión oficial que el Gobierno central estableció en el 2% para este año. De los 738.000 trabajadores sujetos a convenio colectivo en la Comunidad Valenciana, 606.000 recibirán una compensación por la subida del coste de la vida, mientras otros 132.000 están al descubierto, según datos facilitados por CC OO-PV

Subida salarial del 3%

La imprevisión de los sucesivos gobiernos a la hora de establecer un índice de inflación fiable, está provocando un cambio de tendencia en el proceso de negociación colectiva. El Índice de Precios al Consumo (IPC) previsto, que el Ejecutivo establece en el escenario presupuestario del año siguiente, se está sustituyendo por el dato de inflación real como índice de referencia en los convenios laborales.El dato de inflación interanual se situaba en septiembre en el 3,7%, casi dos puntos por encima del objetivo oficial del Gobierno. En la Comunidad Valenciana, el IPC acumulado se situó el mes pasado en el 3,1%, mientras el interanual se colocaba en el 3,6%, una décima por debajo del estatal. Esta desviación obligará a la revisión de decenas de convenios colectivos en territorio valenciano, según el sindicato CC OO, cuya dirección ha solicitado, al igual que la de la UGT, reiteradas veces al equipo económico del vicepresidente Rodrigo Rato, que revise al alza el objetivo de inflación para facilitar la revisión de los salarios. Un gesto que todavía no se ha producido.

Los sindicatos anuncian una negociación colectiva caliente, dado que sólo en la Comunidad está pendiente de negociación un 50% de los convenios colectivos. A fecha de julio -últimos datos facilitados por CC OO-, había registrados 48 convenios colectivos con aumentos salariales superiores o iguales a la inflación valenciana, lo que significa que 32.225 trabajadores conservaban entonces su poder adquisitivo.

Sin embargo, sólo 22 de estos acuerdos recogen en su articulado cláusulas de revisión salarial, que aseguran una revalorización del sueldo acorde con la evolución del coste de la vida. O lo que es lo mismo, únicamente 8.703 asalariados con un convenio suscrito en el año tenían garantías. Con posterioridad al 1 de julio se registraron los convenios provinciales del sector metalúrgico, que afectan a 63.000 trabajadores en toda la comunidad autónoma y que incorporaron en un 65% de los casos el derecho a la revisión.

Si el escenario se amplía a todos los convenios vigentes el pasado mes de julio -los firmados en el año y también los plurianuales en vigor-, de los 738.000 asalariados valencianos sujetos a un convenio, unos 606.000 disponían de cláusulas de revisión, mientras 132.000 -un 18% del total- estaban desprotegidos frente a un repunte de la inflación como el actual, de acuerdo con los datos del sindicato.

Antonio Melgarejo, del departamento de Empleo de CC OO del País Valenciano, asegura que una desviación del IPC como la que ahora se arrastra creará más conflictividad en los próximos meses. "Significa echar más leña al fuego de la negociación colectiva", afirma el técnico. Según Melgarejo, la mayoría de desacuerdos salariales acaban en el Tribunal de Arbitraje Laboral.

Y es que las desviaciones del IPC complican en exceso la negociación colectiva dado que la vigencia de los convenios colectivos se ha ampliado con el tiempo de uno a dos y tres años, lo que obliga en multitud de casos a revisar las tablas salariales.

Para la negociación colectiva en curso, los sindicatos mayoritarios -UGT y CC OO- reivindican un incremento de los salarios del 3%. "Nuestro objetivo es que los trabajadores obtengan una recuperación real del poder adquisitivo, y eso sólo se conseguirá con incrementos por encima del 3%", declaraba hace unos meses el secretario general de UGT-PV, Rafael Recuenco.Frente a las peticiones sindicales, la patronal valenciana establecía recientemente una subida salarial límite del 1,5% de acuerdo con el objetivo de inflación fijado por la Unión Europea. En ambos casos, las propuestas de sindicatos y empresarios han resultado tímidas a la vista de la escalada del Índice de Premios al Consumo, una desviación que, según los expertos, está al margen del encarecimiento del petróleo. "Con crudo o sin crudo, la inflación crece", repiten los sindicalistas, que culpan de este fiasco a una errónea política económica del Gobierno de José María Aznar.

La reducción de la jornada laboral es otro de los objetivos que las centrales sindicales consideran prioritario en el proceso de negociación ahora en marcha. No se ha conquistado todavía la jornada de 35 horas a la semana, pero ésta sí se ha reducido en casi una hora en la Comunidad a lo largo de los últimos cuatro años.

Durante 1996 y 1997, los trabajadores valencianos realizaron una jornada media semanal de 39,4 horas. El año siguiente descendió a 39 horas, y en 1999 se situó en 38,8 horas, el mismo valor a fecha del pasado mes de julio. Son medias, lo que no significa que ciertos colectivos de trabajadores disfruten ya de las 35 horas. Es el caso de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de los ayuntamientos de Santa Pola y Finestrat, o de algunos departamentos de Agricultores de la Vega. También se dan en otras empresas como Urbaser o Mercasa, según CC OO. Esta lista se ampliará durante los dos próximos años gracias a la reducción paulatina de la jornada que contemplan los convenios plurianuales.