Inmigrantes de El Ejido advierten de que el conflicto sigue vivo y puede "estallar"

La violencia puede volver a estallar en El Ejido en "cualquier momento". Ese fue el mensaje dejado ayer por Omar El Hartiti, miembro del Consejo de Inmigrantes Magrebíes de la localidad, en la sesión de clausura del III Congreso Internacional de Derechos Humanos, celebrado desde el viernes en Cádiz. Según El Hartiti, la actuación del Gobierno se ha limitado a la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de inmigrantes y al incremento de las fuerzas policiales, "sin que parezca que haya voluntad real de apaciguar".

Mano de obra "necesaria"

El Hartiti explicó en su intervención que, de hecho, las practicas contra la comunidad de inmigrantes en la ciudad se siguen produciendo, aunque estos intentos de "confrontación", no han sido respondidos, según el portavoz, que reconoció su temor por "el peligro de entrar en enfrentamientos directos". Según El Hartiti, esta situación es fruto de la falta de medidas efectivas para atajar el problema de racismo que sufren y que condujo en febrero pasado a una escala de violencia en la localidad. El representante de los inmigrantes denunció además el "giro radical" experimentado por los sindicatos mayoritarios en la zona, que ha provocado un distanciamiento entre las centrales y los inmigrantes, de forma que ellos mismo se ven obligados a asumir la labor de vertebración de la mano de obra que representan y de defensa de sus intereses laborales.

Junto a El Hartiti intervino ayer Enma Martín Díaz, profesora de Antropología de la Universidad de Sevilla quien aseguró que la explotación de las 33.000 hectáreas de suelo dedicado a invernaderos en la zona está teniendo un coste ecológico "terrible". Así las cosas, la profesora advirtió del "negro futuro" del actual sistema de explotación agrícola que se sigue en la zona.

Por otra parte, la experta denunció las carencias en los sistemas de contratación de mano de obra extranjera, un modelo, dijo, que "es permitido por el Estado". Martín Díaz concluyó que en El Ejido, el termino de ilegalidad "no es aplicable a los inmigrantes, sino a los propietarios del suelo agrícola". Este modelo de comportamiento, según la profesora, se está tomando como referencia en otros puntos del país, sin que los agentes sociales intervengan para frenarlo.

En la sesión de clausura del congreso intervino también el antiguo preso político marroquí Abraham Serfaty, que en su conferencia hizo un llamamiento a la sociedad española para que perciba "lo necesario" de la mano de obra marroquí para la economía local, y abogó por la colaboración mutua de ambos pueblos, como solución última a los problemas derivados de la inmigración.El congreso fue cerrado con la formación de una cadena humana en la glorieta Ingeniero La Cierva de Cádiz, con la que los asistentes quisieron mostrar su rechazo a la Ley de Extranjería.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, refutó ayer algunas de las críticas que ha recibido el Gobierno central por su política migratoria, informa Fernando Pérez Monguió. Osuna rechazó de plano que la actividad del ejecutivo frente a las mafias que prostituyen a inmigrantes sea "pasiva" y aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado están trabajando directamente con varias organizaciones no gubernamentales con la idea de establecer contactos con inmigrantes procedentes de países del África subsahariana para que estas personas denuncien personalmente los casos en los que son sometidas a la prostitución por parte de las mafias organizadas.

Asimismo, el representante del Ejecutivo central en Cádiz negó que el Gobierno esté generando actitudes racistas por su política migratoria. "No creo que eso sea así porque no aireamos las pateras que llegan y no buscamos provecho de ello. Lo que ocurre es que hay una realidad que es incontestable que ve la ciudadanía", declaró.