Bienestar Social recortó 2.400 millones de sus fondos públicos y ahora busca dinero privado

Fondos privados contra recortes públicos. Las sucesivas modificaciones presupuestarias en Bienestar Social -2.400 millones en año y medio, entre reducciónes de partidas e ineficiencia de gasto en los capítulos de inversiones y transferencia de capital- están en la raíz de la aplicación del modelo de las fundaciones sanitarias a los centros de Bienestar Social que desea poner en marcha la consejería. Ninguna autonomía ha ido tan lejos en el recurso al capital privado como Bienestar Social en su pretensión de constituir fundaciones con entidades que trascienden el ámbito público.

No es ningún secreto que la idea que ha dado pie al anuncio de nuevas formas de gestión de los servicios sociales -como se refiere el Consell a la creación de fundaciones con participación privada para que presten servicios de los que ahora se encarga Bienestar Social- hay que buscarla en la falta de fondos públicos. La propia consejería no tiene inconveniente alguno en reconocerlo. Aunque quizás sea más preciso referirse, no ya a la falta de dinero, sino a los continuos recortes presupuestarios y a la incapacidad de gastar el dinero destinado a la consejería que ha marcado la gestión de Bienestar Social el último año y medio.Sólo en 1999, bajo las riendas de la actual delegada del Gobierno, Carmen Mas, 1.800 millones de pesetas correspondientes a los capítulos de inversiones y de transferencia de capital -subvenciones a entidades sin ánimo de lucro- acabaron en saco roto. En total, la suma asciende a un 40% del dinero destinado en el presupuesto inicial a estos dos apartados, una cantidad equivalente a la construcción de unas seis residencias para la tercera edad de 100 plazas.

Uno de los casos más sangrantes se produjo en el apartado de inversiones reales de la dirección general de Servicios Sociales, cuya partida está destinada a la construcción de centros de menores y discapacitados, residencias de la tercera edad, equipamientos y adaptación a la ley contra las barreras arquitectónicas. De un presupuesto inicial de 2.587 millones de pesetas en inversiones, el gasto final ascendió a 1.490 millones, el 59% del dispuesto inicialmente. A ello, se suma que a final de año la consejería dejó por gastar 495 millones.

Este año, los tijeretazos al presupuesto de inversiones llevan el mismo camino. En abril, se recortaron 414,2 millones y en agosto, otros 245,9 millones de pesetas. En total, algo más de 660 millones de pesetas, una suma que alcanza el 23% del presupuesto en inversiones de este año.

La respuesta de Blasco -huida hacia delante, según la oposición- ante las continuas reducciones presupuestarias ha sido el anuncio de crear fundaciones que "asuman la titularidad de uno o varios centros de servicios especializados en los sectores de personas mayores, personas con discapacidad, menores y juventud" como incluye el anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de 2001.

Esta medida se caracteriza por dos aspectos: es la que llega más lejos en la colaboración con el sector privado y adopta un modelo -aplicado al sector sanitario- del que abjura la actual Administración popular en Madrid.

Los convenios entre cajas de ahorros y las consejerías encargadas de la política social son una fórmula común a través de la cual las entidades destinan fondos de su obra social a colaborar con la administración. Sin embargo, su papel es complementar la iniciativa pública.

El caso más claro es el catalán, donde, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona cuenta con la Caixa de Catalunya para cumplir con su objetivo de construir 10 pisos tutelados para la tercera edad. Cinco correrán a cuenta del municipio, y en las otras cinco, el Consistorio pone el suelo, mientras que la entidad bancaria asume la contrucción. En este caso, el Ayuntamiento obtiene fondos de los que carece y la caja gana en imagen pública y podrá disponer de plazas para sus clientes, entre otras ventajas que pueden alcanzar a la gestión del centro. Sin embargo, se trata de una alianza puntual con el sector público, lejos de la red estable de fundaciones que aspira a crear Blasco donde está previsto que la Administración comparta sus obligaciones de política social con las entidades privadas.

No es éste el único aspecto en el que Bienestar Social nada a contracorriente. La medida que ha inspirado el proyecto de Blasco es la legislación estatal sobre nuevas fórmulas de gestión sanitarias. El anteproyecto de la ley de acompañamiento remite a estas leyes para establecer el marco de actuación de las fundaciones sociales. Sin embargo, el Consell parece quedarse solo en esta apuesta ya que el Ministerio de Sanidad ha dado marcha atrás en su proyecto de convertir los hospitales públicos en hospitales.