Presupuestos del Estado vs los de la Comunidad

RAFAEL RECUENCOEn realidad, el incluir la palabra versus en el título de este opinión no es más que la forma de contraponer el ámbito de los presupuestos a los que voy a referirme a continuación; como veremos, tanto los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -las líneas básicas de los mismos para 2001- como el anticipo de los de la Comunidad Valenciana están cortados por el mismo patrón. Ninguna sorpresa, por lo demás, a la vista de lo que han supuesto en estos últimos años.

Los Presupuestos Generales del Estado podemos ya calificarlos de regresivos e insolidarios. Regresivos (más que los de este año) porque han conseguido alejarnos más de la convergencia social con Europa, e insolidarios, con la cohesión social, porque aumentan el déficit social a costa de reducir el déficit público, negando cualquier tipo de avance hacia la convergencia real por la vía de disminuir la cobertura de los colectivos más desfavorecidos; los de nuestra Comunidad año tras año sufren el contagio de esa enfermedad llamada mimetismo o seguidismo y no nos hacen presagiar finalmente ninguna alegría.

Si los PGE desprecian la mejora del gasto en prestaciones por desempleo, no reforzando la protección de los desempleados y sus posibilidades de acceso al empleo, ni mejorando las prestaciones contributivas y asistenciales (extremos posibles si se aprovechase el margen resultante del excedente de cotizaciones sociales por desempleo), los presupuestos de nuestra Comunidad mucho me temo que ignoren igualmente la realidad de más del 50% de desempleados valencianos y valencianas sumidos en la más absoluta desprotección.

Si los PGE niegan el aumento de recursos y el incremento del nivel de inversión pública en sanidad, educación y servicios sociales, los presupuestos de la Comunidad Valenciana trasladarán miméticamente esas políticas, agravadas con el anuncio de alumbramiento de fórmulas alternativas de gestión de servicios sociales que huelen a privatización por poderse prever que serán extensibles a toda clase de servicios públicos.

Si los PGE pivotan en torno a una previsión gubernamental de inflación para 2001 del 2%, ya sabemos, por tanto, el incremento salarial que se aplicará a los empleados públicos dependientes del Gobierno de la Generalitat Valenciana, a los asalariados retribuidos bajo la referencia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a los perceptores del subsidio de desempleo. Frente a la reivindicación de la UGT de que se mejore el poder de compra de los trabajadores de la Administración Pública para el próximo año y, al menos, recuperar el poder adquisitivo perdido, aumentar la estabilidad y reducir la temporalidad del empleo en las administraciones públicas, nos vamos a encontrar con un incremento salarial para este colectivo del 2% y sin que recuperen poder adquisitivo (no cuentan con cláusula de revisión y ya han perdido bastante poder adquisitivo).

La experiencia de 2000 torna a repetirse en este sentido; continúa, además, siendo el de los empleados públicos un colectivo que en el ámbito de nuestra comunidad autónoma padece un 30% de precariedad (escandalosa cifra reconocida hace escasos días por el propio president de la Generalitat).

Los PGE, con el referente de una previsión de inflación del 2% que señala el camino de los incrementos salariales para empleados públicos, asalariados retribuidos -con referencia al SMI- y subsidiados, abundan en los errores ya cometidos por el propio Gobierno central y supongo que los de nuestra Comunidad -por ende, aunque no en todo- abundarán en los mismos errores.

No podemos olvidar, por otro lado, que son siete millones y medio de trabajadores los que este año pagan el fracaso del Gobierno en su infructuosa lucha por controlar la inflación.

El moderado incremento salarial de este año está muy por debajo de la inflación actual (con los últimos datos, de agosto, la inflación interanual se sitúa en el 3,6%, retrocediendo a los indicadores de hace cuatro años), lo que quiere decir que los asalariados están perdiendo poder adquisitivo de forma importante, algo inadmisible en un periodo de fuerte crecimiento económico como el que vivimos, en que las empresas están aprovechando la demanda para conseguir elevados beneficios extraordinarios en base a incrementar los precios de forma desmesurada.

El incremento salarial no se corresponde ni con la bonanza del ciclo económico ni con la situación de las empresas, verdaderas responsables de las tensiones inflacionistas junto con la inoperancia del Gobierno. Se está produciendo una redistribución de la renta de los asalariados a las empresas y a los perceptores de rentas del capital.

Así, el resultado salarial de 2000 exige una negociación salarial para 2001 que recupere el poder adquisitivo perdido en este año, pactando incrementos en base a una nueva previsión de inflación realista que debería haber fijado el Ejecutivo para que se recuperara la credibilidad y la estabilidad del modelo de negociación. El empecinamiento del Gobierno por mantener una previsión del 2% para este año -cuando un nutrido grupo de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales coinciden en situar la inflación en torno al 3,5% a finales de diciembre- es incomprensible y muy grave si pensamos en las consecuencias. Insistir en el 2% para 2001 es torpeza del Gobierno, cuando no prepotencia.

La UGT va a insistir, con mayor énfasis, en los convenios colectivos que quedan por firmar este año para establecer cláusulas de garantía que aseguren la recuperación plena y retroactiva de las desviaciones de la inflación respecto al objetivo inicial del 2% del Gobierno, y reclamará en los convenios del próximo año las pérdidas que sufran los trabajadores sin cláusula de revisión o aquéllos que no recuperen totalmente el poder adquisitivo perdido.

En definitiva, como decíamos al comienzo, la insoportable realidad y las fatídicas consecuencias de unos Presupuestos Generales del Estado regresivos e insolidarios, y el presagio de que los de nuestra Comunidad quepa calificarlos del mismo modo.

Rafael Recuenco Montero es secretario general de UGT-PV.