La mayoría de las empresas incumple la ley de inserción de minusválidos

Empresas privadas

En Euskadi viven 4.815 personas con alguna discapacidad a las que por ley les corresponde un puesto de trabajo. Pero una cosa es el derecho y otra el hecho. La Ley de Integración Social de Minusválidos (Lismi), de 1982, obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a cubrir al menos un 2% de su plantilla con personas con alguna discapacidad. Pero el grado de incumplimiento de esta norma es tan alto que sólo están cubiertas por minusválidos el 30% de las plazas que les corresponden, según el Departamento de Trabajo, que se ha puesto en marcha para conseguir que se cumpla la legalidad. De momento, la consejería ha iniciado una campaña para divulgar el contenido de la citada ley y ha enviado una carta personalizada a las 1.320 empresas públicas y privadas vascas afectadas. En la misiva, Trabajo les recuerda la obligación de contratar a discapacitados y solicita información sobre el grado de cumplimiento de esta normativa.

"No nos vamos a quedar quietos. Queremos que las empresas sepan que conocemos su existencia", aseguró Luis María Valle, director de Trabajo y Seguridad Social, quien añadió que no se va a sancionar, al menos durante este año, a las sociedades que incumplen con la cuota legal de puestos de trabajo. "Primero queremos informar y no sacar el palo", señaló Valle.

Un total de 2.328 discapacitados están inscritos en las oficinas del Inem en Euskadi. Si se aplicara la ley, todos ellos tendrían trabajo y todavía quedarían puestos por cubrir. Las 144 empresas públicas con más de 50 trabajadores deberían contratar, al menos, a 1.722 discapacitados, mientras a las 1.176 compañías privadas afectadas por la ley les correspondería emplear a otros 3.093 minusválidos. El total de plazas afectadas por la cuota legal es de 4.815, pero de éstas 3.000 están sin cubrir por la falta de aplicación de esta ley.

Según Valle, el incumplimiento de la norma es más grave en las empresas privadas, que sólo han dotado el 30% de los puestos de trabajo que deben crear para personas con alguna discapacidad. Las sociedades públicas, en cambio, cumplen al 50% esta norma y cubren el 1% de sus plantillas con minusválidos. Para corroborar este último dato, Valle puso el ejemplo de la Delegación del Gobierno vasco en Bilbao, donde, según aseguró, cinco de los 61 trabajadores tienen alguna discapacidad. El director de Trabajo anunció la intención del Gobierno autónomo de aumentar hasta el 3% la reserva de plazas para personas discapacitadas en las ofertas de empleo público.

Además, aseguró que van a proponer que se incluya en los presupuestos del próximo año una partida de ayudas para favorecer la integración laboral de estas personas, subvencionando la eliminación de barreras arquitectónicas en las empresas, entre otras medidas.