Populares y socialistas fracasan en su intento de bloquear la privatización de las empresas de gas

Los nacionalistas ganaron ayer al PP y a los socialistas el primer pulso en el Parlamento vasco tras las dos mociones de censura presentadas la semana pasada contra el lehendakari. El PNV y EA tienen que agradecérselo al Grupo Mixto (IU y UA), que apoyaron una proposición que concede al Ejecutivo un plazo de seis meses para elaborar un plan de privatización de las empresas públicas de gas. El proyecto, con el que todos los partidos están de acuerdo en el fondo, busca adaptar el sector vasco a la nueva situación creada por un reciente decreto del Gobierno central.

Procedimiento

La privatización de las empresas vascas de gas es una cuestión puramente técnica y compartida por todos, incluso por las formaciones como Izquierda Unida más reacias a este tipo de políticas. Sin embargo, en el trasfondo del debate de ayer aún coleaban las mociones de censura del PP y PSE contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe. Populares y socialistas acudieron a la primera comisión parlamentaria que se reunía tras el pleno de la semana pasada dispuestos a bloquear la iniciativa de los dos partidos que sustentan el Gobierno vasco. Los nacionalistas se libraron al final de la derrota gracias al voto de los partidos minoritarios, IU y UA.La proposición no de ley presentada por el PNV y EA salió así adelante por un margen mínimo. Primero, se registró un empate a siete entre los miembros presentes en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Para deshacerlo, hubo que recurrir al voto ponderado, es decir, los 31 escaños que suman PNV, EA, IU y UA frente a los 30 de populares y socialistas.

La propuesta aprobada insta al Gobierno vasco a que, en colaboración con el resto de instituciones implicadas, presente en seis meses un plan de privatización de sus participaciones gasísticas. El Ente Vasco de la Energía (EVE) posee el 80% del capital de Gas de Euskadi, un 50% de Gasnalsa y Bilbaogas, el 49% de Donostigas y el 25% de Bahia Bizkaia Gas y Bahia Bizkaia Electricidad. Estas sociedades acumularon el año pasado unos beneficios superiores a 4.500 millones de pesetas.

Este proyecto supone recuperar una iniciativa que quedó paralizada en la anterior legislatura y que en ocasiones ha reclamado el PP. En los últimos meses, además, se ha creado una nueva situación que obliga al País Vasco a adaptarse al mercado. El Gobierno central aprobó un decreto el pasado 23 de junio pasado que adelanta la liberalización del sector unos años con respecto a las previsiones anteriores. Para que el sector gasista vasco no quede rezagado, debe tomar nuevas dimensiones.

El Partido Popular, aunque está de acuerdo con la privatización, basó su negativa en cuestiones de procedimiento. Aduce que la iniciativa debió partir del Gobierno, en vez de los grupos parlamentarios, y que hay que esperar a que el Ejecutivo elabore un estudio sobre el sector público vasco que el propio Parlamento le encargó por unanimidad en noviembre de 1999 y que debió entregar hace dos meses. Los mismos argumentos aportaron los socialistas, a pesar de que sus ideas en este asunto se parecen más a las de los nacionalistas que a las del Partido Popular. "En el fondo", confesó el socialista Carlos Totorika, "no estamos de acuerdo con el PP, y sí con la exposición hecha por Rafael Larreina [de EA], en el sentido de que pese a la privatización es necesario mantener el control sobre el sector".Los nacionalistas insistieron en que la propuesta sólo invita al Gobierno a elaborar cuanto antes un plan de privatización, y que no prejuzga cómo debe realizarse. Además resaltaron la urgencia del proyecto dada la situación creada en el resto de España.

Koldo Usín recordó que su formación, Izquierda Unida, se opuso en Madrid al decreto liberalizador, pero que, una vez que se ha aprobado, obliga al Gobierno vasco a buscar una solución para el sector. Eso no implica que aprueben el proyecto definitivo. "Nosotros nos reservamos la opinión en función de lo que se nos presente en el plan", avanzó.

Enriqueta Benito, de Unidad Alavesa, criticó al Gobierno por no haber presentado aún el estudio que le exigió el Parlamento el año pasado, pero cree que el decreto de junio "obliga a privatizar el gas de Euskadi".