Aprender de Figueres JOAN SUBIRATS

El reciente caso del brote de hepatitis C en el hospital de Figueres vuelve a poner encima de la mesa el importante tema de la confidencialidad y de la transparencia en el ejercicio de la profesión médica y en la asistencia hospitalaria. El caso se origina el 4 de junio. Parece ser que la dirección del hospital conocía la existencia de una posible infección a principios de julio. Pero no es hasta semanas después cuando se empieza a tomar contacto con unos 70 posibles afectados a fin de proceder a su reconocimiento. El día 28 de setiembre el hospital hace público el caso en una nota informativa después de que la prensa se hiciera eco del tema.¿Qué razones han podido causar el secretismo con que ha actuado el hospital? ¿Se trataba de no alarmar en exceso a los potenciales infectados antes de estar seguros de lo que sucedía? ¿Se pretendía ganar tiempo, proteger a los potenciales responsables, evitar el escándalo? ¿O se quería tratar el caso de manera confidencial y unilateral con cada afectado sin que trascendiera la cosa? La hipótesis del alarmismo es coherente con la visión paternalista y jerárquica con que desde hace siglos la profesión médica ha entendido su relación con la sociedad. El "nosotros ya sabemos lo que les conviene" se puede aplicar aquí sin problemas. Las demás alternativas son menos honorables ya que sólo pretenden eludir responsabilidades y resultan además ingenuas, al desconocer las enormes grietas de confidencialidad que existen en un caso así.

Resulta muy curioso que, ante la gravedad del tema, no haya habido apenas reacciones significativas por parte de los distintos partidos y que los medios de comunicación no hayan atendido el caso como se merece. Pero, más grave es el constatar que nadie parece haber asumido sus responsabilidades en el tema. Que sepamos no ha habido nadie que, preventivamente, haya puesto a disposición su cargo, y más bien se sigue la corriente general de este país qui dia passa, any empeny. No parece que los precedentes de Valencia (contagio producido por un anestesista del hospital La Fe) o de Francia (contagio producido por sangre contaminada) hayan servido para mucho. Ni para evitar encerrarse en el secretismo ni para exigir las responsabilidades y dimisiones oportunas. Por ahora parece que el tema esta controlado y afecta "sólo" a doce personas. Pero, aun así, ése no es el comportamiento que uno espera de un hospital a principios del siglo XXI. Lo correcto hubiera sido dar difusión inmediata al tema, prevenir de la gravedad potencial del caso, convocar a todos los que pudieran haber estado implicados, hacer los exámenes oportunos de todos ellos, para después de detectado el núcleo infectado, congratularse, en su caso, de que el tema tuviera perfiles muy contenidos y anunciar las medidas que se iban a tomar. Tanto de resarcimiento a los afectados como en la depuración de responsabilidades y de prevención de nuevos episodios de este tipo. Creo que se puede afirmar que en casos así es mejor pecar de alarmismo que tener luego que arrastrar con las consecuencias del silencio.

En sanidad se usan de forma indistinta los términos paciente, cliente o usuario para referirse a los que se dirigen a los servicios médicos correspondientes en busca de ayuda o consejo. El término paciente implica un grado de subordinación y de pasividad que refleja, y además refuerza, la desigual distribución de poderes entre el ciudadano y el profesional. Los términos cliente o usuario ponen de relieve la creciente importancia que la mentalidad de empresa ha ido adquiriendo en el mundo de la sanidad, aunque las personas que acuden a los servicios sanitarios no se vean como tales, o, sobre todo, no dispongan generalmente de la oportunidad de elegir que acostumbra a ir conectada a tales vocablos. En este caso los pobres pacientes a quienes se les comunicó la eventualidad de su infección a principios de septiembre, en muchos casos asumían de tal manera su inferioridad en relación con las instituciones sanitarias que se negaban a que se publicara cualquier dato que les pudiera identificar, no fuera que luego, quién sabe. Hasta hace unos días, sólo uno de los doce afectados había presentado una denuncia. Los demás parecen haber asumido su condición de pacientes hasta el final.

Suponemos que no es éste el tipo de sanidad que quiere potenciar el "model català de salut". Imagino que la sanidad del futuro ha de ser cada vez más transparente, más cuidadosa con los derechos de las personas que acuden a sus servicios. Y ello probablemente implica (como ocurre en otros países) facilitar el acceso inmediato de los ciudadanos a los historiales de éxitos y fracasos de cada unidad a partir de la revisión realizada por las autoridades sanitarias, y una clara y explícita carta de derechos y deberes que, al margen de la retórica, explicite obligaciones y modalidades de resarcimiento. Hemos de rechazar el paternalismo del "yo ya sé lo que le conviene a usted y a la sociedad". Han de establecerse los mecanismos que permitan que los ciudadanos dispongan de asesoramiento y de procedimientos para defender sus derechos, en una situación en que las desigualdades de renta, de información y de recursos contribuyen a la indefensión real de un buen número de personas que sólo disponen de la alternativa de la sanidad pública y que llegan totalmente desarmadas a las puertas del hospital. Como siempre, los errores pueden servir para aprender. Y la manera de gestionar el caso del hospital de Figueres creo sinceramente que fue un error.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.