Por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE

Por fin tenemos un texto de Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea, que da contenido a la ciudadanía europea reconocida en el Tratado de Maastricht, y puede convertirse en el frontispicio de la comunidad de valores que es la UE.Para llegar a este punto, el recorrido ha sido tortuoso y contradictorio. Aunque los padres fundadores (Monnet, Schumann, Adenauer, Spaak, Spinelli, Madariaga) consideraban que el futuro de Europa debía basarse en la democracia y el respeto de los derechos humanos frente a los nacionalismos agresivos que habían arrasado repetidamente el continente, la aventura no comenzó con una Constitución y una Declaración de Derechos, tal y como auspiciaba el Congreso del Movimiento Europeo de 1948. Por una ironía más de la historia, la Comunidad empezó a cuajar con la creación de un cartel económico sectorial supranacional, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1950. La ausencia de referencias a la democracia en los Tratados llevó al general Franco en 1962 a enviar una carta de solicitud para ingresar en el Mercado Común. La respuesta fue inmediata: se la dio él mismo con su histérica reacción ante el "contubernio de Múnich", primer encuentro de todas las fuerzas de oposición al régimen desde la guerra civil.

Pero la vieja aspiración europeísta tardó mucho más en entrar en los Tratados. De hecho, aunque el Parlamento Europeo ha sido elegido por sufragio directo desde 1979, tan sólo se incluyó la ciudadanía y el compromiso explícito de respeto a "los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo de Derechos Humanos" en el Tratado de la Unión de 1992, por iniciativa de Felipe González y petición reiterada del Parlamento.

En el Consejo Europeo de Colonia de junio de 1999, el canciller Schröder propuso la elaboración de una Carta de Derechos propia de la Unión, que expresara su esencia como comunidad de valores. Para elaborarla, propuso un método innovador, la Convención, formada por tres componentes: 16 diputados europeos, 30 parlamentarios de los Parlamentos de los Estados miembros -dos españoles: Jordi Solé Tura y Gabriel Cisneros-, 15 representantes de los Estados -por España, Álvaro Rodríguez-Bereijo- y el comisario Antonio Vitorino, bajo la presidencia del ex presidente de Alemania Roman Herzog. El método seguido ha sido el debate público y la búsqueda del consenso, lo que ha permitido a sindicatos y ONG contribuir en su elaboración, incluso por Internet.

La experiencia ha sido un éxito. En total, 62 europeos han trabajado durante nueve meses gestando un texto -el Convent 50 en la jerga comunitaria- que representa un compromiso aceptable para la familia socialista. En esencia, por las razones siguientes: tiene una estructura innovadora, en capítulos -dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia-, que da un contenido real a la condición de ciudadano y puede constituir una piedra angular de una Constitución europea. Además, consagra el principio de indivisibilidad de los derechos; por primera vez, un texto internacional consagra la neutralidad del género -habla de la persona, o de "nadie puede ser"-, en sintonía con la vieja definición castellana de la igualdad "nadie es más que nadie", e incluye nuevos derechos (la bioética, la protección de datos de carácter personal, del medio ambiente, así como el derecho a una buena administración).

En el proceso de elaboración se ha producido un salto en la última fase, entre el Convent 45 y el 47, en gran medida gracias a las mejoras aportadas por la delegación del PE, presidida con habilidad por el popular Íñigo Méndez de Vigo y con decisiva aportación del equipo femenino socialista, dirigido por la francesa Pervenche Berès. Las modificaciones consisten en el acto de humildad histórica de suprimir en el preámbulo la referencia a la herencia cultural, humanista y religiosa, y sustituirla por patrimonio espiritual y moral, reforzando el carácter laico, a la par que respetuoso de las creencias, y la inclusión de las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros. Asimismo, se han incluido los sindicatos en el artículo 12 sobre la libertad de reunión y asociación; se ha mejorado el artículo 13, referente a la libertad artística y científica; se han incluido el derecho al trabajo en el artículo 15, la referencia al derecho comunitario y las legislaciones nacionales en el artículo 16 sobre libertad de empresa; se ha ampliado el artículo 23, sobre igualdad entre hombres y mujeres a todas las esferas de la vida, incluido el empleo; se han añadido los derechos de los niños y de los mayores; el artículo 27 sobre el derecho de negociación y acciones colectivas, tras una larga batalla, incluye el derecho de huelga; se han mejorado los artículos relativos a la seguridad social, la ayuda social como forma de lucha contra la exclusión social y la pobreza, la protección de la salud, el acceso a los servicios de interés económico general y la protección del medio ambiente, y se ha definido el nivel de protección, en relación con los Tratados, el derecho y los convenios internacionales.Como ocurre siempre con un texto transaccional, no se ha conseguido todo; entre las insuficiencias está el no reconocimiento del derecho a voto a los ciudadanos de terceros países residentes desde hace más de cinco años en la Unión, el derecho a una remuneración justa y equitativa, la mención expresa del derecho a la vivienda o a la renta mínima.

No obstante, la Carta supone un avance en relación con el texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, sobre todo, significa tener señas de identidad propias. En cuanto al método de la Convención, su indudable éxito aconseja que sea utilizado en el futuro para las reformas de los Tratados en el proceso constituyente abierto que es la UE. La actual parálisis de la Conferencia Intergubernamental demuestra que ese método está agotado.

Esta Carta merece una adhesión clara y expresa, como definidora de la comunidad de valores que afirmamos constituir. Tras la aprobación de la Convención, le corresponde al Consejo de Biarritz dar la luz verde para que el Parlamento Europeo pueda votar su dictamen conforme en noviembre, así como los Parlamentos de los Estados miembros, y por fin sea proclamada de manera solemne e incluida en los Tratados en la Cumbre de Niza en diciembre, como señas de identidad comunes a preservar y defender entre los actuales miembros de la Unión y los que quieren participar de nuestra aventura común.

Enrique Barón Crespo es presidente del Grupo Parlamentario del PSE en el Parlamento Europeo.