40 juzgados utilizan ya el catalán como única lengua en todas sus actuaciones

Un total de 40 órganos judiciales de Cataluña de todas las especialidades utilizan desde ayer el catalán como única lengua en todas sus actuaciones, en aplicación de un plan piloto de normalización lingüística impulsado por el Departamento de Justicia de la Generalitat. La experiencia durará seis meses y, según los resultados obtenidos, se podrá repetir en los mismos o en otros juzgados. Sólo cuando el juez dicte sentencia y cuando el ciudadano lo reclame, los documentos serán traducidos al castellano con un programa informático.

La consejera de Justicia, Núria de Gispert, presentó ayer la experiencia, arropada por diversos representantes de la judicatura, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Guillem Vidal, y el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena. Vidal saludó la iniciativa y constató en público lo que es una realidad: que el catalán se habla mucho en los juzgados, pero se usa muy poco en los documentos judiciales. Los últimos datos oficiales cuantifican esta utilización en el 5%. Por ello, Vidal se felicitó de la iniciativa, aunque advirtió que no debe ser obstáculo para que la justicia vea mermada su eficacia ni para reducir el derecho ciudadano a la tutela judicial efectiva que prevé la Constitución.El fiscal Mena, por su parte, afirmó que es una iniciativa de profundización democrática y para acercar "la justicia al pueblo, que es como se decía antes, aunque ahora se ve que ya no vale". También aprovechó su intervención para recordar a "los que lucharon por la lengua catalana y por Cataluña en la España franquista, cuando no era fácil".

Participación voluntaria

De Gispert explicó que la participación en la iniciativa es totalmente voluntaria y que en los juzgados en los que se ha puesto en marcha están dispuestos a participar el juez, el secretario y un mínimo del 50% de la plantilla. Según la consejera, no se ha recibido ninguna queja de funcionarios disconformes, ni ninguno de ellos ha pedido el traslado mientras dure la iniciativa. La Sala de Gobierno del TSJC aconsejó a la Generalitat que no obligara a los funcionarios a participar en el plan.La iniciativa costará 40 millones de pesetas, que se destinarán a pagar el coste de los programas informáticos, el supervisor de normalización lingüística en cada juzgado y el sobresueldo que recibirán jueces, fiscales, forenses y funcionarios por participar en el plan, al que se presentaron más de 70 juzgados. Algunos de ellos fueron rechazados por no reunir los requisitos que exigía el Departamento de Justicia, aunque si el plan tiene éxito, la Generalitat piensa extenderlo a otros juzgados. Un comité de seguimiento velará por la aplicación del plan.

Al final, de los 40 órganos judiciales que se acogerán al plan, 20 están en Barcelona, entre ellos la Sala Civil y Penal del TSJC y la fiscalía. Siete son de la provincia de Girona, ocho de Tarragona y cinco de Lleida. La consejera recordó que la situación de Barcelona y su área metropolitana, "donde el bilingüismo está muy implantado", no es aplicable a toda Cataluña, "donde hay ciudadanos que utilizan el catalán y que no pueden ser atendidos en su lengua en un juzgado".