Qué televisión pública y cómo pagarla

El Gobierno se propone asumir la gigantesca deuda de la radiotelevisión pública, pero no se sabe si para privatizarla luego, como sospecha la oposición y niega el Ejecutivo, o para que siga endeudándose después de poner el marcador a cero. No se sabe, porque, en contra de lo propuesto por los propios directivos de RTVE, la decisión se ha tomado sin definir antes el modelo de radio y televisión pública que se quiere para el futuro: no es lo mismo una pequeña televisión pública de calidad que una televisión que, con la ventaja de la subvención, compite por la audiencia y por la publicidad con las privadas mediante una programación similar. El Consejo de Ministros aprobó el viernes la propuesta de adscribir RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad heredera del viejo INI, con el fin de sanear su desastrosa situación financiera (660.000 millones de deuda) e introducir en su gestión criterios empresariales. La propuesta forma parte del paquete de medidas incluidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001, que deberá aprobar el Parlamento antes de fin de año.

En España, las televisiones públicas, estatales y autonómicas, manejan unos presupuestos que suman cerca de 400.000 millones de pesetas; más de la mitad, 240.000 millones, corresponden a RTVE. Ese presupuesto se sufraga, en parte, con ingresos propios (publicidad), y en parte, con fondos públicos, vía subvenciones; pero también mediante créditos avalados por el Estado. En el caso de RTVE, la subvención anual cubre apenas el 5% del presupuesto; el resto del déficit (más de 120.000 millones el año próximo) se cubre mediante créditos. Es una forma de enmascarar la realidad, porque, a la larga, la deuda acumulada acaba siendo asumida por el Estado.

Se trata, pues, de una forma encubierta de subvención. En parte, para esquivar los condicionantes de la Unión Europea a las ayudas públicas -por su incidencia en la libre competencia-, y en parte, por otros motivos. El caso es que, a finales del año próximo, la deuda acumulada por RTVE rondará los 800.000 millones de pesetas, lo que supone unos intereses anuales de unos 40.000 millones. Por supuesto, ninguna empresa podría sobrevivir con un condicionamiento financiero tan enorme. ¿Está justificado que el Estado asuma esa deuda y, en general, que financie una radiotelevisión pública a este coste? No hay por qué darlo por supuesto. Primero habrá que definir -en el Parlamento- qué se quiere que sea la televisión pública en una situación que ya no es de monopolio.

El modelo español reúne lo peor de los existentes en otros países: una televisión subvencionada, que es gubernamental antes que pública, y que compiten de manera ventajista con las cadenas privadas en la lucha por la audiencia y la publicidad con programas a menudo igual de deleznables. El debate sobre cómo acabar con esa situación, criticada por el PP desde la oposición y asumida luego como inevitable, es previo a la decisión sobre la gestión y la deuda.