El Reino Unido autoriza a los empresarios a vigilar el correo electrónico de sus empleados

Los empresarios británicos tendrán el amparo de la ley para controlar el correo electrónico y las llamadas telefónicas de sus empleados en su lugar de trabajo. El próximo 24 de octubre, el Gobierno de Blair dictará una norma que permitirá el "acceso rutinario" a los correos y llamadas de los empleados para comprobar si se refieren a cuestiones de trabajo. La secretaria británica de Comercio Electrónico, Patricia Hewitt, ha matizado que habrá "limitaciones legales" como la de no poder interceptar llamadas personales sin razones justificadas.

Sin jurisprudencia

La norma británica no exigirá el consentimiento del empleado. El texto oficial en el que se anuncia la medida anticipa el marco genérico en que se justifica la inspección de las comunicaciones telefónicas o digitales de los trabajadores. Situaciones que van desde la sospecha de conducta criminal a garantizar el cumplimiento de las normas de conducta internas. Los sindicatos británicos se oponen rotundamente a la medida ya que consideran que dará carta blanca a los directivos para inmiscuirse en los asuntos privados de los trabajadores y vulnera los tratados de Derechos Humanos.Juan Manuel Fernández López, director de la Agencia de Protección de Datos española, manifestó a este diario que este tipo de inspecciones es totalmente legal con una única condición: que lo sepa el afectado.

"Es absolutamente lícito indagar en el correo electrónico del trabajador, porque el correo es una herramienta del empleador. Lo único que debe hacer es advertirlo". Fernández López asegura, además, que este criterio es compartido por sus homólogos europeos. "En reuniones comunitarias lo hemos analizado y estamos de acuerdo en ello". Sin llegar a la sospecha de una conducta delictiva, prosigue Fernández López, el empresario puede necesitar abrir el correo electrónico del empleado que no está para saber si han llegado nuevos pedidos, por ejemplo.

En España no hay jurisprudencia sobre el barrido empresarial del correo electrónico de los trabajadores, y en el caso de la vigilancia de las llamadas telefónicas, el rastreo de sentencias da resultados contradictorios. En algunas decisiones judiciales se ha admitido el pinchado telefónico por parte de la empresa como prueba de la conducta desleal del empleado, y, en otras, se ha rechazado por considerarse que la prueba se ha obtenido por métodos ilegítimos.

El Estatuto de los Trabajadores de 1980 protege la inviolabilidad de los efectos personales del trabajador y cita en qué condiciones la empresa puede registrar la taquilla del empleado. El abogado Xavier Ribas, especializado en el sector, coincide con Fernández López en que el correo electrónico no es una herramienta que sea propiedad del trabajador. "Junto al derecho a la intimidad del trabajador, un derecho renunciable, está la responsabilidad de la empresa por la conducta de sus empleados en el trabajo. Es lo que se llama culpa in vigilando. ¿Cómo puede responsabilizarse a la empresa si no tiene instrumentos de vigilancia sobre esta conducta?".

El propio Ribas intervino en el caso de unos laboratorios españoles con 7.000 trabajadores que introdujo el control del correo electrónico. Inicialmente, los sindicatos se opusieron, pero tras el establecimiento de unas normas internas de cómo y en qué circunstancias se produciría el control, el colectivo laboral aceptó la medida. "Generalmente no se vigila de manera indiscriminada todo el correo electrónico" porque se trata de un flujo muy importante de mensajes que es imposible controlar. "En la mayoría de los casos, primero surge la sospecha sobre la conducta de un empleado, y es a partir de entonces cuando se instalan los controles", concluye Ribas.

Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas (AI) se mostró particularmente preocupado al conocer la noticia ya que teme que la medida vulnere el derecho a la intimidad y genere un ambiente de desconfianza en el seno de las empresas. La AI asesoró a los sindicatos españoles en un contencioso con una entidad bancaria que quería restringir el uso del correo electrónico de sus empleados. Objetivo del que desistió finalmente. "Permitir el control rutinario del correo del trabajador es introducir los hábitos del estado policial en la empresa. El correo electrónico debería contemplarse como las taquillas personales, que sólo pueden abrirse ante sospechas ciertas y con determinadas garantías en el proceso".

En Estados Unidos se calcula que un 45% de las grandes empresas tienen instalados sistemas para vigilar el correo electrónico de sus empleados. En California se elaboró una ley que prohibía este tipo de supervisión, pero fue retirada antes de entrar en vigor. Hace pocos meses, un senador demócrata propuso una liviana normativa federal para obligar a las empresas a informar a sus trabajadores de que podían escudriñar su correo electrónico. La iniciativa tampoco prosperó.

El principal argumento empresarial para controlar el correo electrónico de sus empleados es la prevención del espionaje industrial por parte de un trabajador desleal. Pero también se han dado otros argumentos más imprevistos como el vigilar el intercambio por correo electrónico de jueguecitos digitales que se guardan en el ordenador de la empresa y ocupan espacio en la memoria del sistema. En Estados Unidos hizo furor en las oficinas un juego de éstos, ElfBowling, que ocupaba un megabyte y cuya instalación masiva en centenares de despachos de una firma mermó la capacidad de su sistema.

Los programas que monitorizan el correo del empleado acostumbran a trabajar con palabras o frases clave -los nombres de las compañías de la competencia y de los productos de la empresa- y husmean el contenido de los mensajes cuando el programa alerta de que un correo contiene alguna de las palabras sospechosas.

La iniciativa británica coincide con otra del mismo Gobierno que pretende obligar a los servidores de acceso a Internet a suministrar a la policía todos los datos sobre los movimientos en la red de un sospechoso. La medida ha levantado un importante debate porque no exige permiso judicial.

La medida británica se suma a la existencia de programas de espionaje sobre el correo y uso de Internet por parte de un ciudadano investigado, como el Carnívoro del FBI, y otros más globales, como Echelon, lanzado por el Gobierno norteamericano. Los satélites de Echelon son capaces de escudriñar el contenido de cualquier comunicación sospechosa en cualquier soporte.