Conflicto sin reglas

La mal llamada huelga de los transportistas por la subida del precio de los carburantes -habría que hablar más bien de un cierre patronal en toda regla de un sector estratégico de la actividad económica- concluyó ayer, al tiempo que los empresarios y autopatronos del transporte llegaban a un acuerdo con sus clientes, las empresas cargadoras, para aumentar en un 10% las tarifas que se aplican desde 1999 en el sector. Un conflicto provocado en su origen por el impacto de la subida de los carburantes terminaba siendo aprovechado para arreglar algunas cuentas pendientes entre transportistas y quienes les suministran la mercancía, forzando a éstos a aceptar una subida de tarifas con carácter general que resulta, cuando menos, discutible en un mercado abierto que supuestamente funciona por la ley de la oferta y la demanda.No ha sido éste el único aspecto atípico de un conflicto que, como viene siendo habitual en el cada vez más amplio sector autónomo -no asalariado- de la economía, se ha desarrollado al margen de unas reglas de juego claras y precisas. En primer lugar, este paro gremial de 72 horas, presentado como una forma de presión al Gobierno para arrancarle medidas compensatorias por el precio de los carburantes, se ha llevado a cabo tras haberse alcanzado un acuerdo sobre dichas medidas el pasado viernes: unos 53.000 millones de pesetas en reducciones fiscales y en desgravaciones por la adquisición de vehículos ecológicos. Da la impresión, pues, de que el paro tenía como objetivo provocar una situación límite para que el Gobierno presionara a su vez a los llamados cargadores, en definitiva todos los que producen o mueven mercancías, para que aceptaran una subida de tarifas general e indiscriminada.

Pero si la convocatoria del paro constituyó una medida desproporcionada a los fines perseguidos, que en lo tocante al Gobierno ya habían sido sustancialmente alcanzados con antelación, no han sido menos abusivos muchos de los comportamientos y maneras de llevarlo a cabo. En este capítulo entran, en primer lugar, las acciones de bloqueo de las fronteras, que han provocado el desabastecimiento de algunas industrias automovilísticas y el consiguiente recordatorio de la Comisión Europea a España sobre su obligación de garantizar la libre circulación de mercancías. No le queda a la zaga la actuación matonesca de algunos piquetes que no han dudado en recurrir a la coacción y a la amenaza para obligar a secundar el paro o incluso para impedir la distribución de periódicos.