Las protestas campesinas paralizan las ciudades y vacían las tiendas de Bolivia

Bolivia continúa totalmente paralizada tras cuatro semanas de bloqueos indígenas de las carreteras, mientras que el Gobierno y los líderes campesinos intentan avanzar en el diálogo establecido a instancias de la Defensora del Pueblo, la Iglesia católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. El grave conflicto social, con un saldo de 10 muertos y 159 heridos en los enfrentamientos entre civiles y militares, ha paralizado el tráfico, desabastecido los mercados y aislado a la mayor parte de las ciudades bolivianas.

El despliegue militar en todo el país no ha logrado mantener expeditas las carreteras ni frenar las manifestaciones de repudio a la autoridad, principalmente en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Ayer, el Gobierno amenazó con cerrar todos los colegios en los que los profesores secunden la huelga.Los acuerdos preliminares alcanzados entre representantes del Gobierno del presidente Hugo Banzer, los maestros y la Coordinadora del Agua de Cochabamba quedaron supeditados a los logros del diálogo que, con muchas dificultades, se reanudó el martes en La Paz con el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe.

Quispe, ex miembro del Ejército Guerrillero Tupaj Katari, aceptó finalmente reunirse con varios ministros en un local de la Iglesia en la ciudad y ya no en el pueblo de Achacachi, a unos 100 kilómetros al noroeste de La Paz a orillas del lago Titicaca, donde iban a concentrarse también millares de campesinos de todo el altiplano. Quispe desafió a los ministros a mostrar su coraje acudiendo a su pueblo, famoso por la ferocidad de sus habitantes, poco después de dejarlos estupefactos con una proclama con tintes dramáticos, en la que puso de relieve el rencor indígena por el maltrato, "peor que un animal", la marginación y explotación por parte de una clase minoritaria dominante, y su propósito de llegar a gobernarse.

Ante la dilación, pudo más la defensora, Ana María Campero, que advirtió a Quispe de que iba a convocar en su lugar a otros líderes campesinos a fin de avanzar en las gestiones de pacificar el país. La reunión permitió que, por primera vez, las autoridades gubernamentales se sienten en una mesa para escuchar los reclamos, las quejas y hasta las indignadas acusaciones de muchos jilakatas (líderes indígenas de las comunidades) que acompañaron a Quispe, denominado Mallku (en aymara, cóndor), equivalente al más alto rango de autoridad. A éstos se sumaron dirigentes de indígenas de la región oriental de Bolivia, maestros rurales, transportistas y comerciantes minoristas. Los productores de hoja de coca de Chapare, en la región central de Cochabamba, determinaron rechazar el acuerdo preliminar con el Gobierno a pesar de que éste accedió a 12 de los 13 puntos en demanda, incluida la suspensión de la construcción de tres cuarteles en esa zona.

El último, la autorización para mantener un cato (la cuarta parte de una hectárea) de cultivos de hoja para la subsistencia del cocalero, no solamente ha sido rechazada por el Gobierno boliviano, sino por Estados Unidos y hasta por el embajador alemán, Joachim Kausch, que declaró públicamente que la comunidad internacional censuraría al Gobierno si éste accede a las presiones de los cocaleros.