Los cristales rotos del Banco Mundial

Como otros miles de jóvenes europeos, Mikel Oliva y Gaizka Azkona, de 21 y 22 años, estudiantes de Periodismo y Derecho, respectivamente, viajaron la semana pasada a Praga (República Checa) para manifestarse en contra de la globalización ante la asamblea del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las imágenes de las protestas, que degeneraron en violentos incidentes, dieron la vuelta al mundo y obligaron a los responsables de los dos organismos financieros a clausurar precipitadamente sus reuniones. Los asistentes a la cumbre ya han regresado a sus países de origen y también los manifestantes. Incluso la mayor parte de los 825 detenidos en los disturbios; entre ellos, 79 españoles.Pero 16 jóvenes continúan entre rejas: siete húngaros, dos daneses, dos polacos, un austriaco, un alemán, un checo y dos españoles. Estos últimos se encuentran en la prisión de Pankrac, un viejo edificio a las afueras de la capital checa, donde comparten celda con delincuentes comunes.

El juez que ha dictado prisión incondicional contra ellos les acusa de una gamberrada: haber destrozado la luna de una oficina bancaria valorada en 2.000 coronas, poco más de 9.000 pesetas. Tanta severidad se debe, según el auto judicial, al riesgo de que intenten sustraerse a la accíón de los tribunales o provoquen nuevos incidentes si quedan en libertad.

Sus familiares sostienen, sin embargo, que son pacifistas e incluso vegetarianos. Aunque por sus nombres vascos se les confundiera con activistas de Haika (las juventudes de HB) que también acudieron a Praga, no tienen relación alguna con aquéllos. Mikel y Gaizka nacieron y viven en Madrid, aunque el padre de uno y la madre del otro sean navarros.

Sus parientes creen a pies juntillas la versión que ellos sostienen, y otros compañeros avalan, de que la oficina ya había sido apedreada cuando llegaron a la zona. Si la policía les acusa, alegan, es porque no pudo capturar a los culpables.

Fueron detenidos a las 7.30 de la tarde del día 26 y, durante casi 72 horas, sostienen, estuvieron dando tumbos por las comisarías de Praga, sin que el abogado de oficio se presentase y sin acabar de entender lo que les estaba ocurriendo, ya que el intérprete que asistió a su interrogatorio apenas articulaba una palabra de español.

La situación empezó a cambiar el pasado viernes, cuando el cónsul de España en Praga y el letrado designado por la familia pudieron visitarles en prisión. Para sus padres, que llegaron esa misma noche a la capital checa, la incertidumbre se prolongaría durante todo el fin de semana, ya que no consiguieron, pese a sus repetidos intentos, contactar con el personal de la legación española.

El propio embajador, Santiago Cabanas, que apenas lleva un mes en el puesto, tomó el caso en sus manos el lunes por la mañana. Consiguió una visita inmediata a los dos reclusos y acompañó a la cárcel a sus preocupados padres. Éstos pudieron comprobar, con alivio, que ambos se encontraban bien, pese a la dureza propia de la vida carcelaria y la presunta hostilidad de algún vigilante.

Hoy mismo, el abogado de los jóvenes presentará un recurso en el que reclama su libertad provisional. Argumenta, además de la inocencia que sus defendidos proclaman, que éstos carecen de antecedentes y que, incluso si fuese cierto lo que se les imputa, en ningún momento existió riesgo para las personas. En circunstancias normales, según el letrado, este delito no supone el ingreso en prisión, salvo reincidencia.

Los padres agregan que sus hijos viven con ellos y ofrecen garantías de que regresarán para someterse a juicio, si éste llega a celebrarse. El recurso cuenta con un poderoso aval: una petición formal de la Embajada española en Praga para que se ponga en libertad a los jóvenes.

Estos argumentos deberían bastar para convencer al juez. El problema, según Pascual Oliva, padre de Mikel, estriba en que la resolución del recurso, que requiere un pronunciamiento previo del fiscal, podría demorarse hasta un mes.

Para acelerar su liberación, los familiares de los dos jóvenes se han puesto en contacto con medios de comunicación, organizaciones sociales y partidos políticos, a los que instan a presionar a las autoridades checas a través de su embajada en Madrid. No entienden que sus hijos tengan que pagar los cristales rotos. Ni siquiera los del Banco Mundial.