Universidades propone la fusión de los campus a un grupo de profesores de Derecho y Ciencias

La creación de la universidad de Elche ha supuesto, en términos financieros, un pozo sin fondo. Para sufragar los 10.000 millones anuales que requiere la Miguel Hernández, el Consell aceleró la inyección de fondos externos, a través contratos-programa con dos centenares de empresas y entidades públicas. El proyecto de reunificación de ambos campus plantea aprovechar esta red de convenios con la creación de un tecnológico. Según documentos oficiales, Educación asignó en mayo 920 millones de fondos Feder para el periodo 2000-2006 para edificios del parque tecnológico y unidades de investigación en Elche.

El nombramiento del catedrático de Historia de la Universidad de Alicante, Salvador Forner, al frente de la Dirección General de Universidades, el 25 de abril pasado, representa, en la práctica, la puesta en marcha de la estrategia del Gobierno valenciano para "deshacer el camino andado" y poner fin "al desaguisado" que supone la situación actual de la Miguel Hernández. El proceso se realiza por fases. El 16 de mayo Educación reparte la asignación de fondos Feder entre las cinco universidades públicas. La universidad ilicitana había solicitado 3.150 millones para "edificios del Parque Científico y Tecnológico" y 700 más para la "consolidación de Unidades de Investigación". En total, su propuesta para "grandes equipos de investigación" ascendía a 5.600 millones. La aspiración se vió truncada al revelarse el contenido del Plan Valenciano de I+D, que desconocían las universidades y en el que las Universidades de Valencia y Alicante no figuraban como agentes investigadores. La polémica forzó a retirar el proyecto y a rebajar la petición el Elche a 1.620 millones. Todo esto coincide con el giro de la Consejería de Obras Públicas y el rechazo explícito del Consell al Medpark.Una vez descartado el proyecto de parque científico impulsado por la Universidad de Alicante, la Dirección General de Universidades emprende rondas de contactos con el profesorado más crítico, tanto del equipo rectoral de Jesús Rodríguez Marín en Elche y del equipo de Andrés Pedreño en Alicante. Los encuentros de Salvador Forner, se intensifican en junio y julio. Forner plantea entonces abiertamente que "en la provincia de Alicante sólo cabe una universidad" y pone sobre la mesa el tema de "reunificación" o "agregación" ante miembros de CC OO y de UGT, con quienes necesita consenso para un tema de la envergadura que afectaría a los 450 profesores y 200 funcionarios de la Miguel Hernández. Sus reuniones, confirmadas todas ellas, se centran los catedráticos de Química de la Facultad de Ciencias, Antonio Estévez, Francisco Ruiz y Francisco Rodríguez. En Derecho, proclive también a esta nueva fórmula, sus interlocutores son el catedrático de Derecho Constitucional, Pepe Asensi, y Bernardo del Rosal y López Tarruella. Sin embargo, según fuentes del Organismo Público Valenciano de Investigación (OPVI) su asesor es el profesor Carlos Auernheiner, con quien le une a Forner además una larga y buena amistad.

Según fuentes oficiales, académicas y sindicales, Forner plantó, inlcuso, la elaboración de un anteproyecto de Ley Valenciana de Recursos Universitarios que se aprobaría en las Cortes. Así el Consell estudia seriamente la posibilidad de aprobar una ley o una normativa que regule aspectos tan fundamentales como la oferta de titulaciones, las subvenciones por investigación y las plantillas docentes. Forner habla de "racionalizar el sistema público universitario valenciano para evitar duplicidades y competencias entre los distintos centros". En este marco se situaría una posible unificación de plantillas de la Miguel Hernández y Universidad de Alicante.

"No tiene ningún sentido que, por ejemplo, para dos grupos reducidos de Derecho uno en Alicante y otro en Elche haya profesores de distintos departamentos. Lo ideal sería que el mismo profesor impartiera en las dos universidades y reduciríamos costes", precisa un alto cargo de la Administración. El proyecto implicaría que los distintos departamentos afectados se unieran administrativamente con lo que se reducirían los presupuestos administrativos de manera considerable.