Falta clase

Obligados por sus padres, unos cuatro mil niños de 14 localidades de Extremadura están sin escolarizar desde comienzos de curso, y ninguna de las instituciones implicadas -Gobiernos autónomo y central, tribunales y Ayuntamientos- parece capaz de atajar una situación tan anómala como dañina para los alumnos, las familias, el sistema educativo y la sociedad en su conjunto. Las familias plantean una medida de presión a la Junta de Extremadura para que se construyan institutos en sus localidades y los estudiantes no tengan que desplazarse cada día en autobús a otros pueblos a partir de los 12 años, desde el comienzo de la educación secundaria obligatoria (ESO).La inhibición de los diversos poderes públicos está creando, de una parte, un precedente en la conculcación del derecho a la escolarización y, de otra, una impresión de estupor y desconcierto sobre la difuminada responsabilidad de las administraciones en estos cruciales asuntos. Mejorar los equipamientos educativos de sus localidades y evitar viajes a sus hijos son los motivos bien respetables de los padres. Pero su decisión atenta contra el buen sentido, al dejar a sus hijos fuera de clase, e infringe la legalidad, ya que la escolarización entre los 6 y los 16 años no es sólo un derecho, sino un deber inexcusable.

La creación de los nuevos centros que reivindican obedece, más que a la necesidad de plazas escolares, al comprensible interés de que los niños permanezcan el mayor tiempo posible en sus pueblos. La solución exige una financiación específica que debe estudiar la Junta de Extremadura, con sus competencias educativas recién estrenadas, después de un análisis pormenorizado de cada caso. La escolarización de los alumnos en sus propias localidades es una exigencia razonable, pero no debe sobreponerse, con carácter general, a los requisitos de una educación de calidad, para la que resulta imprescindible cierto grado de concentración de recursos humanos, económicos y materiales.