"No tenemos agua ni para lavar ni para ducharnos"

Cuando Montserrat Gallardo y su marido Pascual Carvajo se mudaron de Pueblo Nuevo al Casc Antic de Barcelona hace casi tres años nunca imaginaron que no pagar un mes les podía poner de patas en la calle antes de lo firmado en el contrato: arrendado por seis años. Ahora se enfrentan a una orden de deshaucio y sufren la vencindad del grupo de niños de calle y adultos delincuentes que se ha instalado en las azoteas del barrio.Cuando llegaron en 1998, el edificio de la calle Metges 19 donde alquilaron su piso estaba afectado por el proyecto de reforma del Casc Antic y la construcción del nuevo mercado de santa Caterina, un plan de derribo que afecta a los edificios de esta zona del centro de Barcelona muy deteriorada. Algunos edificios están tapiados y la mayoría esperan la demolición. Las fachadas, desconchadas y ruinosas, son la cara de una de las zonas más pobres de la ciudad.

Su piso, según explican, sólo necesitaba una mano de pintura. Pero ahora las condiciones son mucho peores. Dos ventanas de la vivienda no se pueden abrir por peligro a que se caigan. Tres vigas de la cocina están separadas del techo y la humedad impregna el ambiente de toda la vivienda, ya que el agua de un escape del piso de arriba ha traspasado las paredes. Además, el patio interior se ha convertido en un basurero lleno de ratas. Desde espinas de pescado hasta pañales atraen a los roedores.

De los grifos, mejor no probar el agua. Desde hace unos meses, en la azotea de los edificios de la manzana, "niños de la calle" magrebíes y decenas de indingentes se han instalado a sus anchas. Y en este improvisado hogar -al que acceden porque las puertas de entrada de la calle carecen de cerradura- los ocupantes de los terrados se duchan en los depósitos de agua de los vecinos . "No tenemos agua ni para lavar ni para ducharnos. Tengo que comprar garrafas y calentarlas para poder lavarnos porque el agua que nos llega está sucia", asegura Gallardo, que no esconde su rabia. Los invasores, explican, se cuelan y saltan de terrado en terrado. La prueba del delito es patente: bolsos robados y colchones, incluso jabón en los depósitos, delatan a quienes han alborotado la vida del vecindario.

El continuo ir y venir de agentes por las estrechas calles de la zona son la respuesta de la administración a las protestas de los vecinos por la inseguridad ciudadana.

Gallardo y Carvajo, de 28 y 37 años respectivamente, pagan 30.000 pesetas al mes. Pero septiembre no lo han podido pagar. Él trabaja como guardia jurado por horas, y este mes no ha ahorrado el dinero suficiente para pagar el piso. Ella no trabaja ya que su hijo de cinco años, Iván, fue expulsado del colegio y no encuentran plaza para escolarizarlo. Tiene que cuidar de él. "Le dijimos al propietario que le pagaríamos con retraso en octubre, pero nos quiere echar a la calle por no pagar un mes", explica Gallardo. "Como nos quejamos de la malas condiciones en las que vivimos, no le interesa que sigamos aquí", añade.

Gallardo y su marido presentaron una denuncia contra el propietario por las "condiciones infrahumanas" en las que viven. "Siempre hemos pagado las mensualidades, y por un mes que no pagamos no tiene derecho a echarnos". Han intentado que el propietario arregle los desperfectos ocasionados por el agua pero "dice que no tiene presupuesto para arreglar los pisos y los administradores no contesan a nuestras llamadas", dice, mientras muestra el baño de la casa: un espacio de un metro cuadrado con el retrete en el centro y una salida de agua de la pared que hace de ducha.

Un portavoz de la administradora del edificio, Fincas Gual, evitó ayer pronunciarse sobre el caso. Se limitó a afirmar que ellos no tramitan los deshaucios y que "si alguien tiene un alquiler pendiente, se le puede echar".

La presidenta de la Coordinadora de Vecinos del Casc Antic, Carmen Hidalgo, achaca el deterioro del barrio a la dejadez de la Administración. "El barrio lleva un retraso de 20 años y ahora pagamos las consecuencias", afirma Hidalgo, quien explica que ya empieza a ser habitual hacer colectas para evitar deshaucios en fincas de la zona. "Por no pagar un mes no se puede echar a alguien a la calle. En este barrio viven muchas familias en situación de pobreza que no pueden pagar un mes", afirma. Ahora el temor del matrimonio es que les echen. Por eso recolectaran las 30.000 pesetas que necesitan a través de la coordinadora, para evitar quedarse en la calle antes del día del derribo de su casa.