El Gobierno pacta con los pescadores, pero se topa con la resistencia de los transportistas

Al Gobierno se le acaba el tiempo para evitar la ofensiva que los transportistas preparan a partir del lunes. Ha conseguido un pacto con una parte de los agricultores, -la COAG no ha firmado- y un acuerdo in extremis con los pescadores, excepto los catalanes, que anoche seguían impidiendo la distribución de carburante que no afecte a servicios mínimos. Los pescadores del resto de España aceptaron la oferta de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para compensar la subida del precio de los carburantes provocada por el alza del gasóleo decidida por los países productores.

Discrepancias de COAG

Los puntos clave de la negociación con los pescadores se centran en bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y la exigencia de ayudas directas al sector. Anoche, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores anunció que aceptaba la oferta del Gobierno, que incluye estas bonificaciones y créditos que superan los 7.000 millones de pesetas para infraestructuras pesqueras. La concentración prevista para hoy se desconvoca.Sólo una mejora radical de la oferta del Gobierno podría detener las movilizaciones convocadas por los camioneros para el 2, 3 y 4 de octubre. Las organizaciones del transporte por carretera, que ayer mantenían una infructuosa ronda de negociaciones con representantes de Fomento a los que anoche se unió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encaran el fin de semana sin un acuerdo de momento. "La última propuesta no aporta nada nuevo", comentó ayer Juan Antonio Millán, el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).

Los principales escollos para un acuerdo con los transportistas son tres. El primero, exigen la rebaja del impuesto especial del gasóleo -el 33% de sus costes de producción- hasta el mínimo permitido por la UE. Ahora ese impuesto es de 44,9 pesetas y Bruselas permite hasta 40,76. El segundo escollo reside en la creación de un gasóleo profesional. El tercero, conseguir garantías para el cumplimiento de las tarifas que los camioneros cobran a los cargadores. Según lo pactado en agosto, la tarifa aumentó un 9,9%, pero la subida no es de obligado cumplimiento.

Si la distancia entre el Gobierno y transportistas guarda el potencial de paralizar el país la semana próxima, el acuerdo con los agricultores tampoco ha traído mucha calma al sector agrícola. Paliará las protestas, pero ha abierto una brecha entre las principales organizaciones agrarias. Sólo la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) aceptaron la oferta de los ministerios de Agricultura y Hacienda. La COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) abandonó la mesa. Por primera vez está en desacuerdo con Asaja, con quien había coordinado la negociación. "Han traicionado al sector agrario", afirmó ayer el secretario general de la COAG, José Manuel de las Heras. "Han adoptado la postura más cómoda", respondió Ricardo Serra, de Asaja.

De las Heras sostiene que el documento no servirá de nada para 800.000 agricultores, del total del millón de afectados, y cuestiona su legalidad. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, acusó a COAG de seguir "un doble discurso". "Si se pide un imposible, es que no se quiere buscar un acuerdo", afirmó en referencia a las ayudas directas exigidas por la organización, una medida prohibida por Bruselas. Además, mantiene para hoy el bloqueo de 30 centros de la Compañía Logística de Hidrocarburos (almacén de las reservas de gasóleo y gasolina).Más allá de la crisis entre Asaja y COAG, el Gobierno ha conseguido este acuerdo valorado en unos 50.000 millones de pesetas para paliar las pérdidas del campo, que el sector cifra en más de 100.000 millones desde enero de 1999:

- La factura del gasóleo tendrá una deducción del 35% en la declaración del IRPF para los que tributen a través del sistema de módulos (la mayoría lo hace).

- Subida de tres puntos (del 5% al 8%) del IVA compensatorio para los agricultores y de dos puntos para los ganaderos. Aquí está la clave. La propuesta anterior contemplaba la subida de dos puntos para unos y otros. Un detalle mal visto por los agricultores, que gastan más gasóleo. El extra de un punto más, les convenció.

- Una línea de créditos a bajo interés por 35.000 millones de pesetas que gestionarán las organizaciones firmantes del documento (Asaja, UPA y la Confederación Española de Cooperativas Agrarias).

- Permiso para que las cooperativas agrarias suministren gasóleo agrícola a socios y no socios.

La oferta no incluye, de todas formas, la reivindicación bandera esgrimida por las organizaciones agrarias en las movilizaciones de las últimas dos semanas: la eliminación del impuesto especial del gasóleo agrícola (13,9 pesetas por litro). "Este acuerdo tiene mayores beneficios que un recorte de impuestos", afirmó el secretario general de la UPA, Fernando Moraleda, en la conferencia de prensa posterior a la firma del acuerdo.