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Tribuna:

Asignaturas pendientes

El equilibrio presupuestario tiene ventajas sustanciales, pero hay diferentes combinaciones de ingresos y gastos para alcanzar este objetivo. La estructura final del presupuesto dependerá del modelo de sociedad a la que se aspire y la gravedad de los problemas a solucionar. La principal deficiencia de la economía española es la insuficiente dimensión y calidad de su tejido productivo. De la misma, se deriva como problema permanente el elevado desempleo y la inestabilidad de parte del empleo.Graves asuntos acompañados por otros dos signos negativos que aparecen en cuanto la demanda interna alcanza cuotas del 3%: demasiada inflación (difícil bajar del 3,3% este año y del 2,5% el próximo) y un fuerte endeudamiento con el exterior (el déficit por cuenta corriente es uno de los más elevados del mundo desarrollado y está entre el 3,3% y el 3,5% del PIB en el año 2000). Dos variables, que de seguir así lastran seriamente las posibilidades de crecimiento. Además, las deficiencias en el terreno productivo están acompañadas por la necesidad de avanzar en igualdad de oportunidades y protección social.

El Gobierno, con una actitud dogmática, renuncia a casi un billón de pesetas de ingresos anuales al bajar los impuestos directos, limitando sus posibilidades de gasto. Una restricción que añadir a los costes de su política tributaria en otras facetas. No ha sido ajena al rebrote inflacionista al aumentar la demanda interna cuando ya era bastante intensa (el ahorro agregado bruto del sector privado se ha reducido 1,6 puntos del PIB en 1999) y la distribución de las rebajas ha sido muy desequilibrada.

No sólo porque los mejor situados obtuvieran beneficios excesivos con las reformas, sino porque las personas con menor renta sufren más la inflación, hasta el punto que la adicional subida de precios ha absorbido con creces la pequeña rebaja del IRPF percibida por cada uno de ellos. Además, ya que la pérdida de recaudación se ha compensado con una mayor presencia de impuestos sobre el consumo, el resultado de la operación rebaja de impuestos para la mayoría ha sido la pérdida de poder adquisitivo y una peor situación ante el futuro por la pérdida de competitividad de los bienes nacionales derivada del rebrote de la inflación.

Los Presupuestos presentados por el Gobierno no dotan de forma suficiente capítulos básicos para afrontar los retos pendientes, como es el caso de la enseñanza, las infraestructuras, la investigación y el desarrollo (I+D) o las políticas activas para el empleo. Tampoco mejoran la protección de los desempleados más desprotegidos, no avanzan en una política de cobertura a las personas con dependencia, ni mejoran la sanidad pública. A la vez, castiga a los empleados públicos con pérdidas continuadas de poder adquisitivo, al negarles la cláusula de garantía.

Dado que la presión fiscal española es inferior en siete puntos del PIB a la media de la Unión Europea, se puede elaborar una política fiscal diferente que responda a las necesidades de la sociedad española. Por tanto, sí a un presupuesto equilibrado, sí a una mayor eficacia en la gestión de lo público, pero disponiendo de unas políticas de ingresos y gastos que colaboren activamente al crecimiento y garanticen una distribución de la riqueza más justa (que paguen todos según su capacidad económica, no sólo los de siempre). La opción del Gobierno no es la única posible y mucho menos la mejor para lograr estos objetivos.

Miguel Ángel García Díaz es economista del gabinete técnico confederal de CC OO.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de septiembre de 2000