El Tribunal de Cuentas pide que se controlen los resultados de los programas de euskaldunización

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha analizado por primera vez los programas de euskaldunización que desarrollan las administraciones para que sus funcionarios conozcan la lengua vasca y así puedan atender a los ciudadanos en los dos idiomas oficiales de la comunidad. El tribunal recomienda al Gobierno vasco y a las diputaciones -los ayuntamientos han quedado fuera del informe- un control más estricto sobre los resultados obtenidos con las cuantiosas subvenciones que se destinan a la capacitación linguística de sus funcionarios, 15.024 millones en 1998.

Más coordinación

El trabajo del Tribunal de Cuentas, correspondiente al año 1998, obedece a una petición formulada por el Parlamento demandando información sobre los programas de normalización. El órgano fiscalizador no ha incluido las cuentas correspondientes a otros acciones que tienen como orientación secundaria, y no principal, el fomento del uso del euskera, como las actividades de EITB o la enseñanza de euskera en el sistema educativo, lo que supondría multiplicar aquella cifra. En la actualidad, casi 60.000 funcionarios integran las plantillas del Ejecutivo autónomo y de las instituciones forales, aunque no todos tienen obligación de saber euskera para ocupar en propiedad su plaza. Según el tribunal, las actuaciones de normalización reflejan un evidente esfuerzo de planificación, pero los programas presupuestarios de las administraciones no distinguen con claridad los objetivos (lo que hay que conseguir) de las acciones que previstas, que se limitan a señalar el número de horas de clase o las subvenciones concedidas. Al evitar cuantificar lo que se debe conseguir, las administraciones no tienen que dar explicaciones más tarde de si han gastado el dinero con criterios de eficacia y eficiencia.

Por ello, el informe demanda el establecimiento de indicadores objetivos para poder comprobar el uso y la eficacia real de los programas. El indicador de preferente del grado de efectividad de las políticas de normalización, subraya el tribunal, "debería ser la medición del uso del euskera tanto en el ámbito interno de la administración como en la sociedad en general, valorado a través de diversos indicadores". "La Viceconsejería de Política Lingüística debería mantener un control periódico de estos datos y su evolución darse a conocer a través de los presupuestos y de su liquidación", añade.Además, considera que la Viceconsejería de Política Lingüística -impulsora de los planes de normalización- debe mejorar el nivel de coordinación entre todos los departamentos que integran el Gobierno y profundizar en la colaboración con el resto de las instituciones. Otra de sus recomendaciones va dirigida a HABE, el organismo autónomo que coordina la euskaldunización de adultos. En opinión del tribunal, HABE debería replantear el sistema de financiación de los euskaltegis municipales, introduciendo elementos para determinar de las ayudas relacionados con su actividad, como el número de horas de clase impartidas. En la actualidad, los euskaltegis privados tienen un coste por hora de clase impartida inferior al de los centros municipales. Las subvenciones a estos últimos se calculan de modo que cubran su principal coste, el de personal.

Los gastos de los programas de normalización ascendieron durante 1998 a un total de 15.024 millones de pesetas, lo que representa un 1,5% del gasto consolidado de las administraciones autónomica y forales. La contratación de sustitutos para el personal liberado es la partida más importante, en especial en el colectivo de profesores, y supone el 44% del gasto total (7.486 millones). Le siguen en importancia (un 21% del total, 3.764 millones), las subvenciones concedidas a través de HABE para financiar la red de euskaltegis. El Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), organismo que se encarga de la euskaldunización de una parte de los funcionarios, gastó 589 millones. La Diputación de Álava dedicó a euskaldunizar su plantilla 164 millones, la de Vizcaya 260 y la Diputación de Guipúzcoa 270.

Un total de 1.888 empleados autonómicos y forales acudieron a clases de euskera durante el horario laboral en el curso 1998-1999, de los que 484 se matricularon en cursos de dos horas al día y el resto de cinco y seis horas. Cuando los empleados no son sustituidos por interinos durante la realización de los cursos de euskera, el Tribunal Vasco de Cuentas considera que existe un coste para la Administración medido en la pérdida de horas de trabajo, aunque no exista un desembolso monetario como tal. Una estimación de este coste de personal no sustituido puede cifrarse en 1.128 millones de pesetas.