Una ONG denuncia la actitud racista de varias agencias inmobiliarias de Barcelona

rcelona Encontrar una vivienda de alquiler en la ciudad de Barcelona es difícil. Pero si el interesado es inmigrante casi lo tiene imposible, puesto que la mayor parte de inmobiliarias trabajan con la norma de no alquilar viviendas a extranjeros. La organización no gubernamental Sodepau denunció ayer esta discriminación ante la concejalía de Derechos Civiles de Barcelona y lo hizo aportando datos: sólo uno de los más de 200 inmigrantes que los últimos tres meses ha acudido a esta ONG buscando ayuda para encontrar un piso ha conseguido su objetivo. Y la situación se agravará cuando llegue el frío.

Pesimismo

Los inmigrantes que se dirigen a una inmobiliaria con la intención de alquilar un piso suelen encontrarse con que la agencia se niega a informarles o, en ocasiones, con un responsable que les espeta un "no tenemos pisos para extranjeros". Así lo recoge el informe que ayer presentó ante la concejalía de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona la ONG Sodepau, dedicada a asesorar y buscar pisos de alquiler para personas sin techo.La responsable del servicio de vivienda de esta organización, Irene Domínguez, considera que "muchas de las solicitudes formalizadas por inmigrantes a una agencia no llegan ni al propietario del piso". En su opinión, esta situación lleva a "especular" con viviendas insalubres y en pésimas condiciones. "La semana pasada visité un piso en la Barceloneta en el que su propietario estaba construyendo el lavabo en un balcón", asegura Domínguez.

Pero son pocas las agencias que reconocen abiertamente que no alquilan pisos a inmigrantes. La práctica más habitual es pedirles avales bancarios de entre 500.000 pesetas y un millón para asegurarse de que no habrá desperfectos en la vivienda. Otro de los requisitos con que se encuentran los inmigrantes y que no suele afectar a los autóctonos es la exigencia por parte de la inmobiliaria de presentar un contrato laboral de carácter indefinido y con una antigüedad mínima de tres años, algo que muy pocos cumplen. "Se trata de cerrarles la puerta a cualquier vivienda" asegura Irene Domínguez.

La denuncia presentada por Sodepau ante el Área de Derechos Civiles de Barcelona tuvo ayer una respuesta inmediata. La concejal Roser Veciana, responsable de este departamento, anunció la puesta en marcha de una ronda de conversaciones con el área de Urbanismo del Ayuntamiento para estudiar cómo hay que actuar en esta situación. Pero Veciana no descartó llegar más lejos. "Los agentes de la propiedad inmobiliaria tienen que saber muy claramente que no alquilar un piso por motivos xenófobos es una clara vulneración de la Constitución".

Pero esta problemática no es nueva en Barcelona. Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha detectado por lo menos tres casos de inmobiliarias que se niegan a prestar sus servicios a determinados ciudadanos extranjeros. El primer paso ha sido enviar una circular a los responsables de estas empresas explicándoles que discriminando a los inmigrantes están cometiendo una ilegalidad. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán, a partir de ahora, medidas más duras.

Barcelona tiene un 12% de pisos sin ningún ocupante. Por ello Sodepau considera "inadmisible" que en la ciudad continúe habiendo casos de hacinamiento de inmigrantes en pisos insalubres. La única salida al problema de la vivenda para inmigrantes es, en opinión de los responsables de esta organización, concienciar a los ciudadanos de que "cualquier persona quiere vivir en un lugar digno y sin molestar a nadie".

Como medida concreta, la ONG barcelonesa propone la creación de una bolsa de alquiler de pisos alternativa a las ofertadas por inmobiliarias y varias instituciones de carácter público.