La Constitución española limita la intromisión de las empresas, mientras EE UU practica el control

El derecho fundamental a la intimidad, tal como lo recoge la Constitución española y lo interpreta el Tribunal Constitucional, limita la vigilancia empresarial de los trabajadores cuando hay riesgo de intromisión en su intimidad, mientras que en Estados Unidos se admite y se practica ese control.El Constitucional se pronunció en abril último contra el intento de control de los trabajadores del casino de La Toja (Pontevedra) y es probable que en su día tenga que pronunciarse sobre el control de los trabajadores por un circuito cerrado de televisión, avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Según el Constitucional, aunque el derecho a la intimidad de los trabajadores no es absoluto, "sólo admite limitaciones o sacrificios en la medida en que se desenvuelve en el seno de una organización" en la que existen otros derechos constitucionales, los de los empresarios.

Frente a lo admitido por algunos jueces, el Tribunal Constitucional niega que el derecho a la intimidad sólo pueda ejercerse en los lugares de descanso o esparcimiento, como vestuarios y lavabos, y estima, por el contrario, que también se ejerce en los lugares del centro de trabajo "donde se realiza la actividad laboral, si concurre alguna de las circunstancias que permita calificar la actuación empresarial como ilegítima intrusión en el derecho a la intimidad de los trabajadores".

En el caso de las grabaciones de conversaciones en las zonas de caja y de ruleta francesa de un casino, a pesar del interés manifestado por la empresa en conocer lo que allí se decía, el Constitucional amparó a los trabajadores, por considerar que "no existe argumento definitivo que autorice a la empresa a escuchar y grabar conversaciones privadas que los trabajadores del casino mantengan entre sí o con los clientes".

A diferencia de esta protección constitucional, la práctica en Estados Unidos es que el empresario graba las conversaciones del trabajador, se queda con copias de sus mensajes electrónicos y sus movimientos son controlados por cámaras de vídeo. La Unión de Libertades Civiles de Norteamérica pide que al menos se informe a los afectados del control que sufren.