Un esperpento para culminar la crisis política
La salida de Vladimiro Montesinos de Perú como asilado político es el esperpento que culmina una crisis política que ha dejado atónitos a propios y extraños. La Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que corresponde solicitar asilo político a aquellos ciudadanos sometidos a persecución política en su país de origen. Hasta ayer, nadie tenía conocimiento de que el todopoderoso asesor del presidente y jefe del servicio de inteligencia estuviera en esta situación en Perú. Todo lo contrario, las informaciones, salvo el rumor de que estaba detenido, apuntaban a que Montesinos seguía manejando los hilos del poder, desde la sede del SIN o del Cuartel General del Ejército.
La sorpresa saltó el sábado cuando se reveló que el Gobierno peruano había solicitado a Panamá asilo político para el asesor del presidente. La primera contradicción era evidente: si Montesinos entraba a formar parte de la categoría de perseguido político, ¿cómo el Estado responsable de la supuesta persecución se encargaba de gestionar su asilo en un tercer país?
El paso dado por el Gobierno de Fujimori dejó boquiabiertos a juristas y políticos. "Aquí no hay una persecución de tipo político, sino la exigencia de que Vladimiro Montesinos se someta al poder judicial", declaró el abogado y antiguo congresista Alberto Borea. "El propio Estado no puede pedir asilo para uno de sus ciudadanos. En todo caso, lo habría tenido que solicitar el propio Montesinos".
El constitucionalista Javier Valle Riestra, que ocupó la jefatura del Consejo de Ministros durante 70 días, calificó de caso atípico la solicitud de asilo político por parte de un Gobierno para uno de sus ciudadanos y que, de este modo, ningún país del sistema interamericano debería recibir a Vladimiro Montesinos.
